La Agenda de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la pandemia

Presentación de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet en Fiocruz

15 de abril de 2021

Pocas veces hemos visto una demostración tan poderosa del valor de los derechos humanos.

Del derecho a la salud. A la protección social. A vivir sin discriminación.

La COVID-19 ha sacudido al mundo entero, pero ha golpeado con fuerza especial a América Latina y el Caribe.

En el 2020 nuestra región solo contaba con el 8,4% de la población mundial.  Pero en diciembre 2020, el 18,6% de los contagios y el 27,8% de las muertes causadas por esta enfermedad tuvieron lugar en América Latina y el Caribe.

Esos datos provienen del Panorama Social de América Latina 2020, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL.

El número de personas desempleadas en la región ha aumentado hasta situarse por encima de los 44 millones, con efecto desproporcionado en las mujeres, los trabajadores informales y los jóvenes. Además, alrededor de 3 millones de estudiantes corren el riesgo de no retomar su educación después de la crisis.

En las Américas, desde los primeros casos confirmados de COVID-19 hasta octubre de 2020, se han notificado más de 168.000 casos y casi 3.500 muertes en poblaciones indígenas de 12 países que recopilaron información desglosada. Entre ellas las de varios ancianos con profundos conocimientos de las tradiciones ancestrales.

En efecto, como en todas las regiones del mundo, los que ya eran más vulnerables, incluidos  los pueblos indígenas y también  afrodescendientes, , las personas con discapacidad, las que están privadas de libertad, las personas LGBTI, los mayores y aquellos en situación de calle, migrantes y refugiados, entre otros grupos, han sido los más afectados.

Esto choca, pero no sorprende. COVID ha desnudado una verdadera pandemia de desigualdad.

Es necesario que los gobiernos actúen para garantizar la seguridad de los ingresos, la protección de los medios de subsistencia y el acceso a los bienes y servicios esenciales para los miembros más pobres de la sociedad. Es fundamental evitar que las personas se queden sin hogar como consecuencia de la pérdida de sus puestos de trabajo, incluso poniendo fin a los desalojos.

Desde el comienzo de la crisis, mi Oficina ha publicado directrices sobre diferentes aspectos de la pandemia y su impacto en grupos vulnerables y minorías. Todas ellas con un mensaje central: los derechos humanos deben estar en el centro de todos los esfuerzos de respuesta y recuperación.

En este segundo año de esta crisis, es cada vez más evidente que la pandemia y sus repercusiones se alimentan de las lagunas en la protección de los derechos humanos. Se alimentan de ellas y las exacerban.

Los pobres se han hecho más pobres, y los que sufren la discriminación sistémica son los que peor lo han pasado.

Entre ellos, por ejemplo, están las mujeres y las niñas, no debido a una vulnerabilidad inherente, sino a la discriminación y la desigualdad preexistentes.

En América Latina, esto es particularmente evidente para las mujeres que trabajan en el sector informal, las trabajadoras domésticas, las mujeres indígenas, las afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, las migrantes, las mujeres con VIH y las de orientación sexual e identidad de género diversas.

Y sabemos que, al igual que en anteriores emergencias sanitarias, la crisis de la COVID-19 se ha visto acompañada de un aumento de la violencia de género.

De hecho, la pandemia desenmascaró realidades muchas veces terribles e inaceptables en que viven las sociedades y la insuficiencia consistente de financiamiento que afectan a los servicios y derechos fundamentales.

Incluso antes de esta crisis, los determinantes socioeconómicos de la salud, como la desigualdad, la discriminación y la pobreza, ya eran las principales razones por las que millones de personas carecen de acceso a servicios de calidad.

En todos los aspectos, la crisis demostró hasta qué punto la vulneración de los derechos humanos pone en peligro a nuestras sociedades – y mucho nos enseña sobre el valor de invertir en derechos humanos.

Y por muy dolorosa que haya sido – y aún sea – esta es una lección que debemos aprender.

En febrero, presenté al Consejo de Derechos Humanos mi informe sobre el impacto global de la pandemia en los derechos humanos.

Mi informe destaca que "gran parte del impacto negativo de la pandemia de COVID-19 se ha visto exacerbado por un fracaso a la hora de abordar las causas estructurales previamente existentes de desigualdad, exclusión social y privación, y la incapacidad de muchos países, ricos y pobres por igual, de satisfacer las necesidades básicas de una proporción considerable de sus poblaciones." 

Se agrega que "la habilidad de muchos Estados para responder a una pandemia de la magnitud actual se ha visto comprometida por años de subinversión en los servicios de salud pública y la falta de acceso universal a la atención sanitaria".

De hecho, demuestra la importancia de contar con sólidos sistemas públicos universales de salud, con una atención de calidad disponible, accesible y asequible para todos, sin discriminación alguna e independientemente de la capacidad de pago de cada persona.

También resalta la importancia de la protección social, un derecho humano fundamental y una herramienta esencial para reducir la pobreza.

La crisis sanitaria y socioeconómica a la que nos enfrentamos es innegablemente grave, yo diría que no tiene parangón.

Y una crisis sin precedentes requiere una cooperación sin precedentes.

Necesitamos la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

Solidaridad es la palabra que debemos repetir, es la fuerza fundamental detrás de todas las acciones de respuesta y recuperación.

Sin embargo, la necesaria participación de toda la sociedad no exime al Estado de su responsabilidad primordial y de su obligación de proteger y garantizar los derechos de su población, incluso a la vida y a la salud.

En este contexto, resaltamos la declaración emitida la semana pasada por el Sistema de las Naciones Unidas en Brasil en la que expresa su preocupación por el recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 en Brasil y subraya la necesidad de adoptar medidas preventivas para reducir la curva de transmisión del coronavirus y garantizar el derecho humano a la salud.

Estimadas y estimados colegas,

Mi informe describe múltiples impactos de la COVID en varios derechos humanos y en diferentes grupos de personas, pero por ahora me concentraré en un desafío que nos preocupa profundamente a todos los que estamos hoy aquí. 

Hay que tenerlo claro: la salud es un derecho.

Ello es indispensable para el ejercicio de muchos otros derechos y necesario para que se pueda vivir con dignidad.

COVID-19 ha hecho que su realización sea aún más urgente.

Es ahora evidente lo mucho que, en un contexto de pandemia, la salud de uno puede depender del comportamiento de los demás.

Asimismo, es incuestionable cómo evitar el colapso del sistema médico de cualquier país es un asunto de interés para todos los países.

Las políticas públicas para proteger la salud de todas y todos son esenciales. Así como la protección de trabajadores sanitarios de primera línea, sus condiciones de trabajo y su adecuada remuneración.

Por otra parte, es esencial recordar que una vida saludable es más que una buena salud física.

Esto siempre fue fundamental, sin embargo, ahora estamos viendo las consecuencias de la pandemia en la salud mental de las personas.

En todas sus formas, la promoción de la salud, y de la salud pública principalmente es, innegablemente, crucial.

Y no puedo subrayar esto lo suficiente: cualquier vacuna contra COVID-19 debe ser distribuida como un bien público mundial.

La pandemia ha dejado claro que sólo estaremos a salvo cuando todos estén a salvo.

Me preocupa ver cómo históricas inequidades, tanto dentro como entre países, están repitiéndose en la distribución de la vacuna.

Para eso, es necesario garantizar que las vacunas lleguen a todas y a todos, que sean asequibles y accesibles.

Sin embargo, las profundas desigualdades en el acceso y el gasto en atención sanitaria han sido un grave problema incluso antes de la pandemia.

La cobertura sanitaria universal debe ser una prioridad fundamental. Así como la protección social, que es una salvaguarda vital frente a las crisis financieras, no sólo para los individuos, sino para sociedades enteras.

Los argumentos para ello nunca han sido más fuertes ni lo que está en juego es más importante.

Las crisis sanitaria y socioeconómica deben abordarse conjuntamente.

Hay que dar a las personas las condiciones para protegerse del virus.

No se puede elegir entre la salud y la economía.  No puede haber una recuperación económica sostenida sin el control de la pandemia.

Las normas de derechos humanos relativas al derecho a la salud y a la protección social están bien establecidas. Pero, aunque tengamos compromisos y declaraciones, cientos de millones de personas en el mundo siguen sin tener acceso a la cobertura sanitaria. Lo que nos falta -y necesitamos urgentemente- es voluntad política.

Estimadas y estimados colegas,

Junto con la emergencia climática, la pandemia de la COVID-19 es probablemente la amenaza global más grave que hemos enfrentado en generaciones.

En términos generales, la crisis podría significar el retroceso de los logros alcanzados con tanto esfuerzo en materia de salud, participación económica e igualdad de derechos de las mujeres.

Los datos son aterradores.

Y cada vida perdida es una tragedia.

Estadísticas, no olvidemos jamás, son más que números.

Son personas -- sus familias, sus historias, sus sueños. 

En este caso, son millones de personas en todo el mundo.

Alrededor del mundo, la tragedia de la pandemia nos sitúa en un momento muy doloroso. Sin embargo, nos brinda una oportunidad histórica.

Podemos elegir una de estas alternativas:

Luchar fuertemente por volver a la normalidad, aunque esta supuesta normalidad es lo que nos ha llevado a donde estamos hoy.

Hacer esfuerzos desorganizados y parciales que den lugar a sistemas aún peores que antes.

O bien, aprovechar las lecciones de esta crisis para recuperarse mejor.

Para mí, para ser muy franca, la decisión no es una opción.

Tenemos el deber – la responsabilidad moral -- de recuperarnos mejor.

Para esto tenemos un solo camino.

Necesitamos anclar nuestros esfuerzos en los derechos humanos, construyendo un nuevo contrato social con oportunidades para todas y todos como nos alienta el Secretario General en su “Llamado a la acción por los derechos humanos”.

Pero ¿qué significa reconstruirnos mejor?

Significa crear sistemas mejores y más inclusivos, que aborden las causas profundas de los retos de los que hemos hablado y nos preparen para hacer frente a los desafíos que aún sin duda tendremos.

Significa priorizar sistemas que realicen el derecho a la salud y a la protección social, inversiones esenciales para brindar apoyo social a todas y todos que, en muchos casos, se han deteriorado por políticas de austeridad.

También significa eliminar toda forma de discriminación, erradicar los sistemas y estereotipos costosos, humillantes, carentes de fundamento y totalmente improductivos que perjudican la salud, generan injusticia e impiden que las mujeres, las minorías y muchos otros grupos contribuyan a la sociedad en el pleno disfrute de sus derechos.  

Significa fomentar una importante participación pública en la elaboración de políticas que sean más eficaces, porque estarán basadas en la realidad y las necesidades de la población.

Por mi propia experiencia y por las lecciones de la historia, estoy convencida de que la participación no sólo es un derecho, sino que es clave para reconstruirnos mejor.

Esta no es una crisis que se pueda enfrentar con negación ni desinformación.

Amigas y amigos,

A menudo hay muchos malentendidos sobre lo que son los derechos humanos y lo que significan.

En realidad, es bastante sencillo.

Los derechos humanos son el reconocimiento de que cada uno de nosotros, todas y todos, nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.

Derecho a la salud;

a la educación;

a la vida.

Los derechos humanos son lo que nos conecta; lo que nos sostiene; lo que nos protege.

En realidad, ellos son nuestra vacuna para el hambre y la pobreza.

Para la discriminación y la desigualdad.

Para la falta de salud universal y de un sistema de protección social capaz de enfrentarse a esta y a futuras crisis.

Es una vacuna que desarrollamos a raíz de anteriores crisis mundiales masivas, incluso dos guerras mundiales.

Debemos utilizarla sin demora.

Si hubiera existido una protección social adecuada para una proporción mucho mayor de la población mundial, en los países pobres y en los ricos -si hubiéramos aplicado la vacuna de los derechos humanos- no estaríamos en una situación tan grave como la actual.

Si la hubiéramos aplicado, no habría más de 2.000 millones de personas en el mundo sin acceso a agua potable y, por lo tanto, sin posibilidad de lavarse las manos constantemente.

No habría tantas personas sin un hogar en el que protegerse del virus.

No habría un aumento del hambre.

La COVID-19 dejó claro la importancia de los derechos humanos.

Se trata de una inversión y no de un costo. Se trata de la protección de todas y todos nosotros y de la resiliencia de nuestras sociedades.

Los derechos humanos y la salud van de la mano. Que caminen siempre juntos.

Muito obrigada.