Diálogo con las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la Región de las Américas acerca del COVID-19, desafíos y oportunidades

Palabras de apertura de la Alta Comisionada de  Naciones Unidas para los Derechos Humanos

20 de abril de 2021

Estimada Sra. Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

Estimado Sr. Freddy Carrion, Presidente de GANHRI,

Estimado Sr. Apolonio Tobar, Secretario General de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano,

Estimados y estimadas autoridades y representantes de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos,

Me complace contar con su presencia en este importante diálogo.

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos son interlocutores esenciales para mis Oficinas en las Américas,.

Es crucial que ustedes puedan ejercer su mandato con plena independencia, sin indebidas injerencias por parte de los gobiernos, en conformidad con los principios de París.

Me preocupan los ataques que están recibiendo y las tendencias de deslegitimar su actuación.

Sabemos que las Américas están pasando por una situación particularmente compleja. Además de ser la región del mundo más afectada por la pandemia de la COVID-19, muchos países continúan experimentando protestas sociales de gran escala.

Si bien estas movilizaciones pueden ser vistas como legítimos llamados al cambio, principalmente por parte de jóvenes, preocupa que la respuesta de varios gobiernos ha sido caracterizada por el uso desproporcionado de la fuerza.

Tanto el impacto devastador de la COVID-19 en las Américas como las protestas sociales tienen un denominador común: la desigualdad estructural, la exclusión social de muchas personas y la discriminación.

De hecho, la pandemia tuvo un efecto desproporcionado en quienes ya se encontraban en situacion de vulnerabilidad. Ellos incluyen las personas que viven en condiciones de pobreza; los pueblos indígenas; los afrodescendientes; las personas con discapacidad; las poblaciones desplazadas o afectadas por crisis humanitarias, como las tormentas Eta e Iota; las personas pivadas de libertad y aquellas en situación de calle; migrates; las personas LGBTI; las trabajadoras y los trabadores informales, entre otros grupos. La crisis también ha visto un brote en la violencia doméstica y de género.

Asimismo, la pandemia y las medidas sanitarias tienen un impacto en multiples derechos económicos, sociales y culturales, así como en los derechos civiles y políticos, incluso a la expresión, información y manifestación pacífica.

De esta manera, la pandemia está no solo desnudando la desigualdad estructural, sino que también la está aumentando, haciéndola aún más dramática.

Como se ha subrayado en las múltiples directrices publicadas por mi Oficina desde el comienzo de esta crisis, es esencial que todos los esfuerzos de respuesta y recuperación se centren en los derechos humanos.

Eso incluye el derecho a la participación. Las personas deben tomar parte de las decisiones y políticas que afectarán a sus vidas.

En este sentido, envié una carta a las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en todos los países, promoviendo su participación en los esfuerzos nacionales de preparación y respuesta a los impactos de COVID-19. También ofrecimos una guía sobre posibles acciones adicionales que podían llevar adelante.

Los Estados tienen la obligación de proteger la salud pública a través de medidas sanitarias que resulten necesarias para garantizar el derecho a la salud y a la vida de todas las personas.

Además, las crisis sanitarias y socioeconómicas deben abordarse conjuntamente. Hay que dar a las personas las condiciones necesarias para protegerse del virus.

No se puede elegir entre la salud y la economía.  No puede haber una recuperación económica sostenida sin el control de la pandemia.

Igualmente, esta no es una crisis que se pueda enfrentar con negación ni desinformación.

Me preocupan las políticas de algunos estados en la región. Por un lado, hay gobiernos que no han tomado suficientes medidas para proteger y garantizar el derecho a la salud y a la vida, o para proteger los derechos económicos y sociales. Por otro lado, hay otros gobiernos que han utilizado la emergencia sanitaria para imponer restricciones desproporcionales a las libertades fundamentales.

Teniendo en cuenta las lecciones de la pandemia, el acceso universal a la salud y a la protección social seguirán siendo prioridades de mi Oficina. Es necesario garantizar que las vacunas lleguen a todas y a todos, que sean asequibles y accesibles.

Estamos trabajando con UNICEF y la OMS en ese sentido, así como para velar por que las vacunas distribuidas en diferentes países, incluyendo a través del mecanismo de acceso mundial conocido como COVAX, lleguen prioritariamente a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.

Estimadas y estimados colegas,

La crisis de COVID-19 ha desnudado la verdadera pandemia de desigualdad y discriminación en que vivimos.

No podemos volver a la llamada normalidad que nos condujo hasta aquí en primer lugar. Debemos recuperarnos mejor.

En este aspecto, les animo a que participen en la aplicación y el monitoreo de los planes de respuesta de sus países con el fin de aumentar su resiliencia y preparación para posibles crisis futuras de distintas naturalezas.

En este contexto, nuestra cooperación se vuelve más importante que nunca. Estoy segura que nuestro diálogo será fructífero e inspirador para que sigamos nuestro trabajo de promoción de los derechos humanos para todas y todos.

Muchas gracias.