“COVID-19 y derechos humanos en América Latina — ¿cómo recuperarnos mejor?”

Evento con la Fundación Euroamérica
Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

12 de abril de 2021

Estimado señor Ramón Jáuregui, Presidente de la Fundación Euroamérica,

Estimadas y estimados participantes,

Agradezco la oportunidad de dialogar sobre cómo podemos recuperarnos mejor de la COVID-19, algo que solo puede lograrse mediante el pleno respeto de los derechos humanos.

La pandemia nos trajo inmensos retos expresados de múltiples maneras.

Una emergencia de salud causada por un virus y que no se puede enfrentar con negación ni desinformación. Una crisis socioeconómica no vista en generaciones. La revelación definitiva de una pandemia inaceptable de desigualdad y discriminación.

La crisis ha sacudido al mundo entero, pero ha golpeado con especial dureza a América Latina y el Caribe.

Mientras la región solo representó el 8,4% de la población mundial en 2020, en diciembre, se concentraron en ella el 18,6% de los contagios y el 27,8% de las muertes causadas por esta enfermedad – más de 700.000 hasta el día de hoy. Los países donde se reportaron más muertes por COVID-19 en la región son Brasil y México.

Esos datos provienen del Panorama Social de América Latina 2020, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL.

Según el informe, tanto la pobreza cuanto la pobreza extrema aumentaron en la región. En 2019 la pobreza alcanzaba un 30,5% de la población y en 2020 aumentó a 33,7%, lo que representa 22 millones más de personas. La pobreza extrema afecta hora a 8 millones más de personas, pasando de 11,3% en 2019 a 12,5% en el año siguiente. Además, sabemos que la pobreza, y en particular su forma extrema, afecta mucho más a las mujeres que a los hombres.

El número de personas desempleadas en la región ha aumentado hasta situarse en 44,1 millones. Y alrededor de 3 millones de estudiantes corren el riesgo de no retomar su educación después de la crisis.

La CEPAL proyecta también una reducción del producto interno bruto (PIB) del 7,7% en América Latina. Esto se traduciría en una reducción del PIB per cápita regional del 8,5%, que implica el crecimiento de la pobreza y la desigualdad.

Los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes son los más afectados por las desigualdades estructurales de carácter político, económico, social, ambiental y sanitario. Muchos de los 58 millones de personas que pertenecen a los pueblos indígenas y de los 134 millones de afrodescendientes en la región, ellos no tienen acceso a agua potable en la vivienda o tienen acceso limitado a servicios de saneamiento básico.

Estos son datos aterradores. De hecho, ha sido chocante, aunque para nada sorprendente, ver el desproporcionado impacto de la COVID-19 entre los individuos y grupos marginados y discriminados.

Incluso antes de esta crisis, los determinantes socioeconómicos de la salud, como la desigualdad, la discriminación y la pobreza, ya limitaban el acceso a servicios de calidad a millones de personas.

Con la pandemia, la situación empeoró y la población empezó a demandar una mayor igualdad e inclusión, una mejor gestión de los recursos por parte de los gobiernos y un acceso más adecuado a los derechos económicos y sociales.

Así, en varios países, hemos visto un creciente malestar social relacionado a estos factores estructurales. Durante el año 2020, asistimos a crecientes movilizaciones sociales y protestas en diferentes países de la región, exigiendo cambios estructurales para construir sociedades más justas.
Si bien cada situación es distinta, en general, las protestas se refieren a persistente desigualdad, la falta de acceso adecuado a servicios básicos, la discriminación, la impunidad y denuncias de corrupción.

Al mismo tiempo, observamos serias restricciones al espacio cívico y a los derechos civiles y políticos en el contexto de la pandemia, como limitaciones a los derechos de libertad de movimiento, asociación y reunión, y de las libertades de expresión y opinión.

Aunque fueron necesarias algunas medidas de emergencia para frenar la propagación del virus, en algunos casos, mi Oficina ha observado como los Gobiernos han restringido innecesariamente y desproporcionalmente las libertades fundamentales y el espacio cívico, y han socavado el estado de derecho.

El desarrollo de la crisis socioeconómica y humanitaria causado por la pandemia de la COVID-19 puede agravar aún más este descontento y podría desencadenar una nueva ola de disturbios sociales. Por lo tanto, los Estados deben adoptar medidas para evitar un mayor deterioro de la situación, incluso mediante garantías de participación significativa y efectiva en la respuesta socioeconómica a la pandemia.

Es fundamental también proteger el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica, y garantizar que las manifestaciones se gestionen de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Así como es fundamental defender sistemas de protección y medidas de protección social para todas y todos, como nos pide la meta 1.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs).

Esta meta deriva directamente del artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a la seguridad social. Este derecho incluye el acceso a una atención sanitaria adecuada y asequible y a la seguridad de los ingresos, para las personas mayores, los desempleados, los enfermos y los heridos; para las personas con discapacidad, que necesitan atención de maternidad o que se encuentran en otras situaciones de vulnerabilidad.

A pesar de lo que muchos puedan pensar, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha demostrado que incluso los países más pobres pueden permitirse un sistema de protección social universal, a través del enfoque del piso de protección social.

Los países deben desplegar el máximo de recursos disponibles para que la protección social sea una realidad para todos. Esto puede requerir enfoques más eficaces de la fiscalidad y de la lucha contra la corrupción. A más largo plazo, esta redistribución de activos ayudará a frenar la desigualdad y la discriminación y apoyará la promesa de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de "no dejar a nadie atrás".

De esta manera, la promoción del Fondo Mundial para la Protección Social, tal y como promueve el Relator Especial de la ONU sobre pobreza extrema y los derechos humanos, es una forma concreta de apoyar a los países de bajos ingresos para que creen pisos de protección social para su población.

Una cosa sabemos con seguridad: solo podemos reconstruir mejor si todas las personas tienen un nivel mínimo de protección social.

Colegas,

Una crisis sin precedentes requiere una cooperación sin precedentes.

Necesitamos la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

El sector privado ha jugado papel fundamental en la respuesta a la pandemia, así como es fundamental el papel que está llamado a desempeñar para recuperarnos mejor.

En ninguna parte del mundo el impacto de la pandemia sobre el tejido empresarial ha sido tan implacable como en la región de América Latina y el Caribe. Se calcula que la pandemia habrá llevado al cierre de 2,7 millones de empresas en la región, que representan el 19% las empresas latinoamericanas.

Una catástrofe para la economía, las sociedades y nuestras expectativas para el desarrollo sostenible.

Aunque las empresas se han visto muy afectadas por la crisis, serán seguramente el motor de la recuperación.

El marco internacional de derechos humanos tiene mucho que aportar ante el horizonte de la recuperación.

Este año, se cumplen diez años de la ratificación por el Consejo de Derechos Humanos de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.

Los Principios Rectores pueden guiar a los Estados y a las empresas u a los inversores hacia una recuperación sostenible y basada en los derechos humanos. Los Principios han tenido impacto particularmente decisivo tanto en América Latina como en los países de la Unión Europea.

Colombia y Chile, por ejemplo, han adoptado Planes Nacionales de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos y otros nuevos países de la región han anunciado formalmente su compromiso de desarrollar uno o están ya en vías de hacerlo.

Me complace que muchas empresas y asociaciones empresariales hayan incorporado los Principios Rectores en sus políticas y procedimientos internos, incluyendo mecanismos de debida diligencia.

Sin embargo, ante los retos sin precedentes de la pandemia y la recuperación, es necesario incrementar los esfuerzos. Como afirmó el Secretario General de Naciones Unidas, “ahora más que nunca, en la medida en que se toman las grandes decisiones sobre nuestro futuro, las empresas deben ir más allá de lo de siempre”. Más allá del “business-as- usual”.

La pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de las cadenas de valor globales, en las que las empresas operan muchas veces con desconocimiento de los impactos negativos de sus relaciones comerciales y sin ninguna noción de responsabilidad o rendición de cuentas por dichos impactos.

Es necesario recuperarnos mejor que antes. Es por eso que el marco internacional de los derechos humanos nos da claves para lograr este objetivo.

En primer lugar, la agenda de los derechos humanos contribuye a la idea de que la recuperación debe ser una recuperación verde. La regeneración del tejido empresarial tras la pandemia debe poner el énfasis en la otra grave crisis que continúa estando allí: el cambio climático.

Es necesario apoyar a las empresas en la transición hacia economías verdes. En América Latina y Caribe, son sectores clave la energía y el transporte limpios y las infraestructuras de adaptación.

Algunos Estados de la región han incluido ya estos enfoques en sus planes de recuperación. Por ejemplo, Chile se ha comprometido que el 30% de los recursos adicionales de inversión pública como parte de su plan de recuperación se inviertan en planes verdes y sostenibles.

Por su parte, corresponde a las empresas la responsabilidad de apoyar la transformación social y económica, a través de la inversión en la economía verde, en políticas de adaptación y en resiliencia. Para ello es necesaria, por supuesto, la desinversión en combustibles fósiles.

Las empresas deben también trabajar con los Gobiernos para promover políticas alineadas con la economía descarbonizada, las metas del Acuerdo de París. Políticas que proporcionen a las empresas la confianza y la claridad que necesitan para su acción climática, de conformidad con el ODS 13.

En segundo lugar, el enfoque de derechos humanos coloca a las personas en el centro de la acción de gobierno. Las ayudas estatales a las empresas deben guiarse por la búsqueda del impacto multiplicador sobre la sociedad, sin discriminación.

En el centro de sus esfuerzos, las empresas deben colocar la recuperación del empleo. De nuevo, no estamos hablando simplemente de recuperarlos, sino crear mejores empleos, con condiciones laborales dignas y con salarios justos.

El 96% de las empresas que cerrarán por culpa de la pandemia en América Latina y el Caribe serán microempresas.

No es posible concebir una recuperación que no mire a esa realidad, y que no atienda a las debilidades preexistentes del tejido productivo y del mercado de trabajo.

Pongamos a las empresas en el centro de la recuperación, sí, pero no olvidemos que la desigualdad y la discriminación también se plasman en el sector empresarial.

En esto sentido, quisiera reconocer y destacar la contribución del proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC), que mi oficina implementa en nueve países de la región, junto con la OIT y la OCDE, y con el apoyo de la Unión Europea. La colaboración entre las empresas europeas y las empresas latinoamericanas, en el marco de una conducta empresarial responsable, será clave para la reconstrucción y el crecimiento inclusivo y sostenible.

El Plan de Acción de la Unión Europea sobre Derechos Humanos y Democracia 2020-2024, también es relevante para nuestra discusión, por su compromiso de relacionamiento con el sector empresarial para la defensa de los derechos humanos, la responsabilidad corporativa, la debida diligencia y el acceso a remedio. Sin embargo, para que este sea aplicado y produzca resultados efectivos, se requiere una fuerte determinación política y recursos adecuados.

Amigas y amigos,

Por último, permítanme resaltar una vez más: si realmente vamos a reconstruirnos mejor que antes – lo que creo sinceramente ser nuestro deber moral -- tenemos un solo camino.

Necesitamos anclar nuestros esfuerzos en los derechos humanos, construyendo un nuevo contrato social con oportunidades para todas y todos como nos alienta el Secretario General.

Su “Llamado a la acción por los derechos humanos” destaca el papel transformador de los derechos humanos para abordar los retos a los que se enfrenta la región y el mundo.

Está claro. Una recuperación efectiva y duradera necesita políticas públicas basadas en los derechos humanos y en la solidaridad internacional y regional. Y necesita el compromiso de toda la sociedad, incluso un fuerte empeño del sector privado.

Cuento con ustedes.

Muchas gracias.