Cuarta Reunión del Foro de los Países de ALC sobre el Desarrollo Sostenible: "Construir un futuro mejor: acciones para fortalecer la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible"

Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet

18 de marzo, 2021

Estimadas y estimados colegas,

Agradezco esta oportunidad para discutir los pasos a dar para fortalecer la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la América Latina y el Caribe. 

Hoy, líderes de todos los países del mundo se enfrentan a la inmensa y desafiante tarea de abordar los múltiples retos que nos trajo el COVID-19.

Un virus que no se puede enfrentar con negación ni desinformación. Una emergencia de salud. Una crisis socioeconómica no vista en generaciones. La revelación definitiva de una pandemia inaceptable de desigualdad y discriminación.

La crisis ha sacudido al mundo entero, pero ha golpeado con especial dureza a América Latina y el Caribe.  Mientras la región solo representó el 8,4% de la población mundial en 2020, en diciembre, se concentraron en ella el 18,6% de los contagios y el 27,8% de las muertes causadas por esta enfermedad.

Esos datos provienen del informe Panorama Social de América Latina 2020 de la CEPAL, que también nos informa que la pobreza y la extrema pobreza aumentaron en la región.  La pobreza pasó de 187 millones en 2019 a 209 millones en 2020. A su vez, la pobreza extrema de 70 millones en 2019 a 78 millones en 2020.

El PIB del conjunto de las economías de América Latina y el Caribe se redujo un 7,7% en 2020 y el número de personas desempleadas ha aumentado hasta situarse en 44,1 millones. Tres millones de estudiantes en la región corren el riesgo de no retomar su educación después de la crisis.

Ha sido chocante, aunque no sorprende ver el desproporcionado impacto del COVID-19 entre los individuos y grupos marginados y discriminados.

Incluso antes de esta crisis, los determinantes socioeconómicos de la salud, como la desigualdad, la discriminación y la pobreza, ya eran las principales razones por las que millones de personas carezcan de acceso a servicios de calidad.

En los últimos años, muchos países de la región han experimentado crecientes protestas. Si bien cada situación es distinta, en general, todas se centran en el acceso inadecuado a los derechos económicos, sociales y culturales; discriminación; impunidad; y denuncias de corrupción.

La crisis socioeconómica y humanitaria que se desarrolla a raíz de la pandemia corre el riesgo de profundizar aún más este descontento y podría desencadenar una nueva ola de malestar social.

Asimismo, en términos generales, la crisis de la COVID-19 podría significar el retroceso de los logros alcanzados con tanto esfuerzo en materia de salud, participación económica e igualdad de derechos de las mujeres.

Los datos son aterradores.

Y datos, no olvidemos jamás, son más que números.

Son personas -- sus familias, sus historias, sus sueños. 

En este caso, son millones de personas que estamos dejando atrás.

Si realmente vamos a reconstruir mejor de lo que estaba antes -- la oportunidad de nuestra vida, pero también nuestra responsabilidad moral -- tenemos uno solo camino.

Necesitamos anclar nuestros esfuerzos en los derechos humanos, construyendo un nuevo contrato social con oportunidades para todas y todos como nos alienta el Secretario General en su Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos.

Ese es precisamente el mensaje que debe dar este Foro Regional al Foro Político de Alto Nivel del ECOSOC. Las personas y los derechos humanos deben estar en el centro del desarrollo sostenible y en el centro de la respuesta a la pandemia.

Pero ¿qué significa reconstruirnos mejor?

Significa tomar acción contra las desigualdades a través del compromiso hacia los derechos económicos, sociales y culturales.

Son fundamentales las medidas de largo plazo para fortalecer los sistemas universales públicos de salud y protección social. La cobertura sanitaria universal es una prioridad fundamental.

Desde que yo empecé como Alta Comisionada, vengo fortaleciendo la capacidad de nuestra Oficina en temas de derechos económicos, sociales y culturales y el trabajo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluyendo a través de nuestra iniciativa Surge.

Necesitamos avanzar hacia la realización progresiva de esos derechos, a través de un presupuesto que refleje la priorización en los derechos humanos, aprovechando el máximo de los recursos disponibles. No podremos reconstruirnos mejor con medidas de austeridad, ni con políticas económicas que concentran aún más la riqueza.

Entre las medidas a movilizar los recursos domésticos es crucial seguir avanzando hacia sistemas tributarios progresivos, y considerar medidas como las adoptadas recientemente en Argentina y Bolivia con impuestos a la riqueza.

Es sencillo: quien tiene más, debería contribuir más para que todos nos podamos recuperar de la pandemia. El mundo necesita nuevos niveles de cooperación global y solidaridad internacional, así como una globalización más justa, hacia la realización del derecho al desarrollo.

Todos tenemos un rol que cumplir.

Estoy convencida de que la única manera de abordar de forma eficiente los retos que nos trajo la pandemia es implicar a la población.

La participación no es solo un derecho, es además la clave para una recuperación inclusiva y sostenible.

Durante 2020, hemos observado serias restricciones al espacio cívico y a los derechos civiles y políticos en el contexto de la pandemia, como limitaciones a los derechos de libertad de movimiento, asociación y reunión, libertad de expresión y opinión.

Aunque fueron necesarias algunas medidas de emergencia para frenar la propagación del virus, en algunos casos, los Estados han restringido innecesariamente y desproporcionalmente las libertades fundamentales y el espacio cívico, y han socavado el estado de derecho.

Continúan los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, incluso el aumento de ataques y campañas de desprestigio en las redes sociales. Se registran casos de detenciones arbitrarias por encierros y violación de toques de queda, afectando particularmente a los segmentos más vulnerables de la población.

Sobre todo, se registra la reducida capacidad y voluntad de los Estados de fiscalizar a los crímenes ambientales, de proteger la naturaleza y tierras y territorios indígenas. Los pueblos indígenas han denunciado invasiones por parte de industrias extractivas, de tala ilegal y narcotráfico.

Finalmente, reconstruirnos mejor también es proteger el derecho de todas las personas a un medio ambiente sano.

En este contexto, acojo con satisfacción la próxima entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es garantizar el derecho de toda persona a un medio ambiente sano, y proteger a las personas defensoras de los derechos humanos del medio ambiente. Aliento a los países que aún no han ratificado, a hacerlo prontamente.
Amigas, amigos

Me preocupa ver como históricas inequidades, tanto dentro como entre países, están repitiéndose en la distribución de la vacuna.

La pandemia ha dejado claro que sólo estaremos a salvo cuando todos estén a salvo. Para eso, es necesario garantizar que las vacunas lleguen a todas y a todos, que sean asequibles y accesibles.

Me refiero por supuesto a las vacunas contra el COVID-19, pero yo iría más allá.

Estoy hablando de una vacuna para el hambre, la pobreza y la desigualdad. Para la falta de salud universal y de un sistema de protección social capaz de enfrentarse a futuras crisis. Para tantos otros males que enfrenta la humanidad.

Es una vacuna que desarrollamos a raíz de anteriores crisis mundiales masivas, incluso dos guerras mundiales.

El nombre de esa vacuna es ‘derechos humanos’.

Muchas gracias.