Apertura del Año Judicial de la Corte Interamericana de Derechos HumanosDiscurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

19 de marzo de 2021

Honorable señora Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Señores Jueces,
Autoridades gubernamentales y miembros del Cuerpo Diplomático,
Funcionarios y funcionarias de la Corte,
Señoras y señores,

Agradezco la oportunidad de participar en esta ceremonia de apertura del Año Judicial Interamericano 2021.  

Desde su establecimiento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido un papel relevante en el fortalecimiento de la democracia y en la lucha contra la impunidad en las Américas.

A través de su jurisprudencia, la Corte ha establecido estándares de derechos humanos, haciendo efectiva la protección internacional de las personas en temas fundamentales como los derechos de las personas LGTBI y de los pueblos indígenas, el medio ambiente, la interdependencia entre derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, así como la justiciabilidad de estos últimos.

Asimismo, el abordaje de casos sobre discriminación y de violencia contra la mujer desde los enfoques interseccional y de género ha sido igualmente relevante.

En efecto, la contribución de la Corte a la evolución de los derechos humanos -- y del derecho internacional en general -- es significativa. Los criterios y estándares establecidos por su jurisprudencia son ampliamente utilizados dentro y fuera de las Américas, y, sin duda, referencias muy importantes para el trabajo de mi Oficina. En este contexto, quisiera también resaltar el saludable diálogo, a través de sus jurisprudencias e informes, entre la Corte y los diversos mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Me complace también hacer aquí referencia a las recientes iniciativas de cooperación entre la Secretaría de la Corte y la Secretaría de los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, a cargo de mi Oficina, en especial la Sección de Peticiones y Acciones Urgentes.

Amigas y amigos,

Mantener los estándares de derechos humanos alcanzados y hacer que la protección de ellos para todas las personas sea cada día más efectiva es un gran reto. Especialmente en estos tiempos en que todo el mundo se ve sobrepasado por la pandemia de COVID-19 y sus múltiples consecuencias.

Estamos ante una crisis que conlleva muchos retos en materia de derechos humanos. La pandemia ha sacudido al mundo entero, pero ha golpeado con especial dureza a las Américas.

El impacto de la pandemia en la región se ha visto agravado por la debilidad de los sistemas de seguridad social, la fragilidad institucional y dificultades de gestión, las desigualdades estructurales y la discriminación de larga data -en especial las que sufren los pueblos afrodescendientes e indígenas-, la escasa diversificación de las economías y el elevado número de trabajadores informales.

Una recuperación efectiva y duradera requiere que las políticas públicas se basen en los derechos humanos.

Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales es crucial. Consciente de las dificultades para alcanzar este objetivo de forma separada, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece que los Estados se comprometían a adoptar medidas “tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales”. En el contexto que vivimos, la cooperación internacional no solo es una obligación legal, sino la única forma de enfrentar la pandemia.

En mis diálogos con los Estados de la región, he hecho un llamado a invertir más en los sistemas de salud nacional y actuar para conseguir sistemas de protección social mucho más amplios, incluyendo a toda la población de migrantes, como componentes centrales de los planes de recuperación de la COVID-19.

La participación de los ciudadanos es no solo un derecho, sino también la clave para una recuperación inclusiva y sostenible.

Incluso antes de la pandemia, estábamos viendo movimientos de protesta social en diferentes países de la región.  Las protestas se centran generalmente en el acceso inadecuado a los derechos económicos y sociales, la discriminación, la impunidad y las acusaciones de corrupción. El desarrollo de la crisis socioeconómica y humanitaria causado por la pandemia de la COVID-19 corre el riesgo de agravar aún más este descontento y podría desencadenar una nueva ola de disturbios sociales.

En mi diálogo con los Estados, he alentado a que tomen medidas para evitar un mayor deterioro de la situación, incluso mediante garantías de participación significativa y efectiva en la respuesta socioeconómica a la pandemia. También he solicitado a todos los Estados que protejan el derecho a la libertad de asociación y de reunión pacífica, y que garanticen que las manifestaciones se gestionen de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.

Lidiar con la gravísima crisis socioeconómica y humanitaria, con tasas de pobreza que podrían alcanzar más del 37% este año en América Latina y el Caribe es, sin duda, un enorme desafío.

La Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina y el Caribe, CEPAL, estima que la región se enfrenta a una "década perdida", tras la peor contracción del PIB en su historia.

En este contexto, es imprescindible establecer políticas públicas para la recuperación económica que tengan como objetivo reducir los preocupantes niveles de desigualdad, incluso de género. El mundo debe hacer más para incorporar los derechos humanos en el análisis y la gestión de las economías regionales y mundiales y en la adopción de decisiones al respecto, así como del financiamiento del desarrollo de cada país. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible conforman la hoja de ruta fundamental para la adopción de medidas.

Amigos y amigas,

Uno de los principales fenómenos mundiales de hoy es la migración, una realidad que no es ajena a las Américas. En muchas ocasiones, las y los migrantes huyen de la pobreza, catástrofes y guerras. La comunidad internacional debe establecer objetivos factibles para reducir su vulnerabilidad y para minimizar las violaciones de los derechos humanos que tan a menudo caracterizan los desplazamientos de estos.

Esto requiere el reconocimiento de los derechos humanos de todos los migrantes, incluidos el derecho a la educación y la salud, indistintamente de su situación en el país de acogida. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, aprobados por una aplastante mayoría de Estados, son guías muy importantes para lograr una gobernanza mejor y más eficaz de la migración.

Además, el cambio climático es una amenaza vital que agrava las desigualdades y afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables. Considero absolutamente necesario que, dentro del marco de sus competencias, las entidades de derechos humanos, incluida mi Oficina, participen de manera más sustantiva y proactiva en la protección del derecho a un medio ambiente saludable.

Por otra parte, medidas populistas y nacionalistas representan una amenaza a las libertades fundamentales, atacan las bases de la democracia y resultan en la violación de derechos civiles y políticos. La comunidad internacional está llamada a combatir sus raíces, poniendo fin al racismo, la xenofobia y a todo tipo de discriminación.

Amigas y amigos,

Los retos mencionados requieren la actuación decidida de las sociedades y de la comunidad internacional. En este sentido, es esencial el rol de los tribunales, incluidos los tribunales regionales de derechos humanos quienes, en el marco de sus competencias, a través de sus interpretaciones y aplicaciones del derecho, establecen los estándares que los Estados deben observar.  

Una tragedia de tal magnitud, como la que vivimos estos días, nos presenta una responsabilidad moral, que es también la oportunidad más importante de nuestras vidas: recuperarnos mejor de lo que estábamos antes.

Para lograrlo, tenemos uno solo camino. Es evidente que esta crisis sólo puede abordarse con acciones centradas en los derechos humanos.

Significa eliminar toda forma de discriminación y reforzar los sistemas de salud y protección social, así como las inversiones en vivienda, agua y saneamiento.

Significa edificar sistemas mejores y más inclusivos, que aborden las causas profundas del malestar social y nos preparen para hacer frente a los desafíos que tenemos que abordar.

Y significa fomentar una importante participación pública en la elaboración de políticas que, así, serán más eficaces porque estarán basadas en la realidad y las necesidades de las personas.

La pandemia ha dejado claro que sólo estaremos a salvo cuando todos estén a salvo.

Es urgente y necesario garantizar que las vacunas lleguen a todos y todas, que estén disponibles y sean accesibles. Y la cobertura sanitaria universal debe ser una prioridad fundamental.

Para concluir, quisiera recordar el “Llamado a la acción por los derechos humanos” del Secretario General, que expone el papel transformador de los derechos humanos para abordar los retos a los que se enfrenta el mundo. Sin duda, ellos deben ser los pilares, las fuerzas fundamentales detrás de todas las acciones de recuperación.  

Sin embargo, sólo podremos construir sociedades verdaderamente basadas en los derechos humanos si esos derechos son plenamente efectivos y si existe un sistema de protección de los mismos. En este sentido, sé que seguiremos trabajando juntos. Reitero el agradecimiento de mi Oficina por la inestimable cooperación con la Corte.

Muchas gracias.