Sesión Especial sobre las Implicaciones para los Derechos Humanos de la Crisis en Myanmar

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Declaración realizada por la Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos
Nada Al-Nashif

Consejo de Derechos Humanos 

12 de febrero de 2021

Señora Presidenta,
Excelencias, 
Estimados Colegas,

La toma del poder por parte del poder militar de Myanmar a principios de este mes constituye un profundo revés para el país, tras una década de logros alcanzados con dificultad en su transición hacia la democracia. 

Estos logros, los cuales evaluó el Consejo hace menos de tres semanas en el tercer EPU de Myanmar, se habían visto reforzados por los claros resultados de las elecciones generales celebradas en noviembre de 2020, que han sido traicionados en la práctica por el golpe y la declaración del Estado de Emergencia por un año. 

Los líderes políticos de Myanmar, democráticamente elegidos, que incluyen a Aung San Suu Kyi y al Presidente U Win Myint, han sido detenidos por motivos políticos.  Nuestra Oficina está intentando localizar a más de 350 funcionarios políticos y del Estado, activistas y miembros de la sociedad civil, incluyendo a periodistas, monjes y estudiantes, que han sido detenidos.  Algunos de ellos se enfrentan a acusaciones penales en base a razones dudosas. La mayoría de ellos no ha recibido ningún tipo de debido proceso y no se les ha permitido representación legal, visitas de familiares o comunicación alguna.  Algunos continúan desaparecidos, sin tener información sobre su paradero o su estado de salud.

Tanto la Alta Comisionada como yo misma admiramos enormemente la convicción de los manifestantes, muchos de los cuales son personas jóvenes y mujeres, procedentes de diversos orígenes étnicos, quienes se han manifestado pacíficamente y participado en otras actividaes para oponerse al golpe y la represión.  Son ellos los que representan el futuro de Myanmar: un futuro de principio de justica compartido y de riqueza distribuida de forma equitativa, con una armonía en las relaciones entre los pueblos y las comunidades.

El mundo está observando.  Esta semana se han publicado órdenes draconianas para impedir la reunión pacífica y la libre expresión, y ha aumentado de forma progresiva la presencia policial y militar en las calles durante los últimos días. Tras violentos enfrentamientos con la policía el 9 de febrero, al menos una mujer se encuentra en estado crítico.  Grupos nacionalistas y que apoyan a los militares también han tomado las calles. 

Seamos claros: el uso indiscriminado de armas letales y menos letales contra manifestantes pacíficos es inaceptable.  Una violencia adicional contra el pueblo de Myanmar solamente agravará la ilegitimidad del golpe además de la culpabilidad de sus líderes.

Señora Presidenta, 

Esta crisis nació de la impunidad. La histórica falta de control civil sobre el poder militar, la desproporcionada influencia del mismo sobre las estructuras políticas y económicas del país, y el fracaso continuo para rendir cuentas de una forma real por crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad durante décadas, se han sumado todos para poner en riesgo la democratización de Myanmar y de hecho, su desarrollo.

Durante más de veinte años, sucesivos Altos Comisionados y numerosos expertos eminentes han informado a este Consejo, y a su predecesor, sobre las violaciones cometidas por el poder militar del país, entre las que se incluyen algunos de los crímenes más graves conforme al derecho internacional.  La ausencia de medidas para resolver estos problemas ha envalentonado a los líderes militares y contribuido a esta crisis actual. 

Tal como advirtió explícitamente la propia Misión de Investigación de los Hechos de este Consejo en 2018, «El Tatmadaw es el principal impedimento para el desarrollo de Myanmar como una nación democrática moderna. El Comandante en Jefe del Tatmadaw, Min Aung Hlaing, y todo el mando actual debe ser sustituido, y se debe llevar a cabo una reestructuración completa para someter al Tatmadaw al control civil absoluto.  La transición democrática de Myanmar depende de ello.»

En la actualidad, la crisis democrática a la que se enfrenta el pueblo de Myanmar viene agravada por el desastre económico que ha causado la pandemia.  La COVID-19 ya ha provocado un profundo impacto, desafiando un sistema sanitario frágil y redes de seguridad social marginales, conduciendo a millones de personas a tener dificultades económicas importantes.  Las imprudentes medidas de los líderes militares hacen temer una nueva imposición de amplias sanciones sobre el país, lo que podría amenazar muchos años de logros hacia el desarrollo.

Ante la comunidad internacional, expreso mi preocupación por que cualquier sanción que se tome en consideración vaya minuciosamente dirigida contra individuos concretos que hayan supuestamente y de manera creíble violado derechos de personas.  Los líderes de este golpe de estado son un objetivo adecuado para tales medidas. Es de vital importancia que no se inflija daño alguno a las personas más vulnerables del país; y que puedan continuar las ayudas para contribuir a combatir la pandemia, además del apoyo humanitario en zonas de conflicto. 

A este Consejo, le recomendamos que realice el llamamiento más enérgico posible para que las autoridades militares respeten el resultado de las elecciones, para que devuelvan el poder al control civil y para que liberen de forma inmediata a todos las personas detenidas de forma arbitraria.  Estas personas deben contar con acceso inmediato a representación legal y a asistencia médica, y se deben retirar las acusaciones penales engañosas.  Se deben levantar las restricciones sobre Internet y las telecomunicaciones para permitir que los medios de comunicación tengan libertad y acceso a información a través de Internet.  Es necesario proteger a los valientes defensores de derechos humanos, movimientos de la sociedad civil y sindicales que han aparecido en los últimos años. 

Además, no se debe permitir a las autoridades militares que empeoren la situación del pueblo Rohingya, después de la extrema violencia y décadas de discriminación que han tenido que soportar.  Myanmar debe cumplir plenamente con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia, y abordar de manera real las causas subyacentes de los conflictos en el Estado de Rakhine y otras zonas pobladas por minorías étnicas.

Lamentamos que se le haya negado la presencia a nuestra oficina en Myanmar, e instamos a las autoridades militares a que se le conceda acceso pleno e inmediato a ACNUDH y al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar.

Para el pueblo de Myanmar, expresamos nuestro apoyo a vuestros derechos a la justicia, la libertad, a la participación democrática, a la seguridad personal, y a un desarrollo pacífico, sostenible e inclusivo.  Nos ha conmovido enormemente vuestra determinación, así como la solidaridad expresada por numerosos miembros de grupos étnicos que se han enfrentado ellos mismos a la discriminación y la violencia. 

La Alta Comisionada y yo misma tenemos esperanza en que, a partir de esta crisis, podráis reconstruir un país que se asienta en cimientos democráticos firmes, que pueda garantizar la igualdad, dignidad, los derechos humanos y la plena inclusión de todos en su desarrollo como nación.  Y estamos seguros de que toda la familia de las Naciones Unidas, desde sus numerosos equipos en el terreno hasta su Consejo así como otros organismos, permanecerá unida, junto a vosotros, para apoyar vuestras legitimas aspiraciones para lograr un Myanmar libre. 

Gracias, señora Presidenta.

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