Actualización sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, conforme a la resolución 43/2

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45a sesión del Consejo de Derechos Humanos
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos
Ginebra, 14 septiembre 2020

Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua en julio pasado, no se ha observado progreso en la situación de derechos humanos ni muestras del Gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018.

Durante este período, mi Oficina ha registrado 30 casos de amenazas e intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos, periodistas, estudiantes, dirigentes campesinos y miembros del clero católico, entre otras personas.

También continúa registrando casos de posibles violaciones del derecho a la vida, como el homicidio de un hombre a manos de un elemento armado progubernamental, el 19 de julio en La Trinidad, Estelí. Esto nos recuerda la importancia de la recomendación en mi informe de 2019 sobre el desmantelamiento y el desarme de los elementos armados progubernamentales.

Como lo advertí en diversas oportunidades, la Ley de Amnistía aprobada en junio de 2019 ha favorecido la impunidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Según organizaciones de la sociedad civil, 94 personas percibidas como opositoras al Gobierno, entre ellas cuatro mujeres, siguen arbitrariamente privadas de libertad, acusadas en su mayoría de delitos comunes. Dos de estas personas debieron ser hospitalizadas recientemente en delicado estado de salud. Exhorto al Gobierno a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el marco de las protestas o por expresar opiniones críticas con el Gobierno. Esto constituiría un paso significativo hacia la restitución de derechos y la disminución de la polarización existente.

Además, la pandemia de COVID-19 continúa afectando una multitud de derechos, incluidos los económicos, sociales y culturales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha proyectado una contracción de 8,3% en la economía del país este año, con aumentos de los índices de pobreza en alrededor del 5%, y también un aumento del desempleo. La respuesta estatal, que ha incluido violaciones a la libertad de expresión y despidos de personal médico, sigue evidenciando la necesidad de mayor transparencia y difusión de la información. Los datos oficiales sólo se reportan una vez por semana y carecen de información epidemiológica detallada. En tal sentido, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió que ha sido necesario recurrir a datos producidos por fuentes no oficiales para analizar la situación en el país. Preocupa, especialmente, la falta de información desglosada sobre los impactos de la pandemia en pueblos indígenas y afrodescendientes, así como sobre medidas específicas adoptadas en su favor.

Por otra parte, en julio, alrededor de 1,300 migrantes nicaragüenses estuvieron bloqueados en condiciones precarias por períodos que oscilaron entre 10 y 30 días, en distintas fronteras a la espera de la autorización para regresar a su país de origen. Mi Oficina también recibió reportes sobre migrantes que debieron atravesar la frontera por puntos de cruces irregulares por la demora o por no poder costear una prueba reciente de COVID-19 obligatoria.

Organizaciones de mujeres reportaron un incremento de feminicidios, habiéndose registrado 50 hasta el 31 de agosto de 2020, en comparación con 44 registrados en el mismo periodo el año pasado. Además, se han documentado 68 tentativas de feminicidio, en comparación con 52 en el mismo periodo en 2019. Al respecto, preocupa también la diferencia con los datos oficiales que mencionan únicamente 11 feminicidios entre el 1 de febrero y el 7 de agosto de 2020, evidenciando un posible sub-registro, lo que dificultaría también la adopción de medidas efectivas para contrarrestar esos crímenes.

Asimismo, preocupan casos con posible impacto sobre la libertad de prensa. Me refiero a los procesos por calumnias e injurias abiertos en contra de dos periodistas, un hombre y una mujer, y a los actos de intimidación y hostigamiento por parte de la Policía Nacional en contra de directivos y personal de dos emisoras de radio en Bluefields y León, que se han caracterizado por sus opiniones críticas hacia el Gobierno. También preocupan las recientes resoluciones fiscales impuestas contra tres medios de comunicación, que podría afectar su continuidad como medios informativos.

Por otro lado, la mayoría de las recomendaciones que formulé en mi informe de septiembre de 2019, incluyendo aquellas en materia de reformas electorales e institucionales, aún no han sido implementadas, lo que ha dado lugar a la perpetuación de la impunidad y a nuevas violaciones.

Insto nuevamente al Gobierno a implementar dichas recomendaciones, en particular en vista de las elecciones previstas en noviembre de 2021. Le insto también reanudar una cooperación efectiva con mi Oficina, incluso autorizando una misión al país teniendo en cuenta la preparación del próximo informe ante este Consejo.