Las mujeres repatriadas por la fuerza a Corea del Norte sufren horrendas vulneraciones de derechos humanos en prisión, según un informe de Naciones Unidas

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GINEBRA / SEÚL (28 de julio de 2020) – Las mujeres que se encuentran detenidas en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) son víctimas de múltiples y graves vulneraciones de derechos humanos, perpetradas por agentes de policía y funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado, según revela un informe del ACNUDH publicado este martes.

El informe se basa en un centenar de relatos de primera mano proporcionados por mujeres norcoreanas que estuvieron detenidas en la RPDC entre 2009 y 2019, tras una repatriación forzosa. Las entrevistadas, que finalmente lograron escapar del país, ofrecieron testimonios detallados al personal del ACNUDH.

Aunque los desplazamientos al extranjero están prohibidos en la RPDC, numerosas mujeres emprenden peligrosos viajes en busca de fuentes de ingreso indispensables para sobrevivir o en pos de una nueva vida en otro país. A menudo las emigrantes caen en manos de traficantes de seres humanos y terminan trabajando en condiciones de semiesclavitud por salarios exiguos, son víctimas de explotación sexual o se ven obligadas a contraer matrimonio contra su voluntad. Al regresar a la RPDC, estas mujeres son arrestadas por las fuerzas del Ministerio de la Seguridad del Estado o el Ministerio de la Seguridad del Pueblo. Por regla general, las autoridades las condenan a prisión sin juicio previo o después de una vista judicial que no cumple con las normas y garantías internacionales que definen al debido proceso y al juicio justo. 

En el informe se destaca también que las repatriadas, en particular las que son tachadas de “traidoras”, -categoría que abarca a quienes tratan de llegar a la República de Corea o de establecer contacto con grupos cristianos-, reciben castigos sistemáticos y son víctimas de múltiples violaciones de derechos humanos.

“Durante una investigación preliminar, un oficial de policía me golpeó con una porra y me propinó varias patadas. El trato fue especialmente duro en el Ministerio de la Seguridad del Estado. Si descubren que has visitado una iglesia surcoreana mientras estabas en China, estás muerta. Por eso hice todo lo posible por no revelar cómo había sido mi vida en China. El resultado fue que me dieron una paliza. Me golpearon hasta romperme una costilla. Todavía siento el dolor”, declaró una de las testigos.

Las mujeres contaron que habían estado recluidas en condiciones inhumanas, en celdas hacinadas, carentes de saneamientos, con acceso limitado o inexistente a la luz solar y el aire libre. Las reclusas suelen estar sujetas a torturas y malos tratos, mediante castigos individuales o colectivos aplicados por funcionarios del penal, incluso por no haber completado las cuotas de trabajo manual que les asignan.

“Apenas dormía y trabajaba mucho, porque no quería que me golpearan. Fue una situación de extremo sufrimiento, hasta el punto de que intenté suicidarme”, declaró otra de las mujeres repatriadas.

Las detenidas están obligadas a desnudarse y se les somete a requisas y cacheos irrespetuosos, que según el derecho internacional pueden ser constitutivos de maltrato y violencia sexual y, en determinadas circunstancias, incluso pueden equivaler a tortura y violación. Algunas de las entrevistadas declararon que habían sido víctimas de actos de violencia sexual cometidos por los carceleros o que habían presenciado cómo otras reclusas eran objeto de esas vulneraciones.

Según varias de las testigos, en algunos casos los funcionarios de la penitenciaría trataron de provocar abortos entre las reclusas embarazadas, golpeándolas u obligándolas a realizar tareas muy arduas.

Las detenidas también estuvieron sujetas a otras violaciones de derechos específicamente femeninos, tales como la denegación de instalaciones y materiales necesarios para satisfacer las necesidades higiénicas de la mujer y la vigilancia constante efectuada por guardias de sexo masculino.

Todas las entrevistadas dijeron que habían recibido una alimentación insuficiente, que las había dejado desnutridas y a menudo causaba la interrupción de su ciclo menstrual.

“Durante el tiempo que pasé en prisión, murieron cinco o seis reclusas. La mayoría falleció por desnutrición”, afirmó una testigo.

“Es desgarrador leer los testimonios de mujeres que huyeron de su país en busca de una vida mejor, pero terminaron castigadas por ello. Eran mujeres que a menudo habían sido víctimas de la explotación y la trata de seres humanos, y por eso mismo merecían recibir cuidados y no verse encarceladas y sujetas a nuevas violaciones de derechos humanos”, declaró la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. “Estas mujeres tienen derecho a la justicia, la verdad y las reparaciones”. 

El informe contiene un conjunto de recomendaciones dirigidas al gobierno de la RPDC con miras a que ajuste su sistema penal a la normativa y los criterios internacionales, lo que comprende la satisfacción de las necesidades de las mujeres reclusas, sobre la base de las Reglas de Nelson Mandela* y las Reglas de Bangkok**. La Oficina del ACNUDH está en disposición de colaborar con las autoridades norcoreanas de manera significativa y constructiva.

En el informe también se pide a otros Estados que respeten el principio de no devolución y se abstengan de repatriar a los ciudadanos de la RPDC, cuando haya motivos suficientes para creer que estos podrían correr el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos y otros daños irreparables, y que apoyen cualquier proceso de rendición de cuentas orientado a investigar qué delitos internacionales, en particular crímenes de lesa humanidad, pueden haberse cometido y siguen cometiéndose en el país.

“Estos testimonios muestran una vez más la índole sistemática de las vulneraciones de derechos humanos que se perpetran en la RPDC y la necesidad de buscar métodos adecuados para que los responsables rindan cuentas de esos delitos”, dijo la Alta Comisionada. “La Oficina del ACNUDH seguirá compilando pruebas de este tipo, con miras a apoyar un proceso de exigencia de responsabilidades penales, cuando y donde sea posible”.

Para leer el informe completo en inglés, haga clic aquí

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FIN

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