Los derechos humanos en Crimea, Nicaragua y Venezuela

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44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos

2 de julio de 2020
English/Spanish (bilingual)

Madame President,
Distinguished delegates,
Excellencies,
Colleagues, Friends,

I am honoured to present reports by the Secretary General and my Office on the human rights situation in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine and in the Bolivarian Republic of Venezuela.  

I will also briefly update the Council on the human rights situation in Nicaragua, as mandated by resolution 43/2.
Because of Spanish speaking Nicaragua and Venezuela, I will do it in Spanish.

Desde mi última actualización oral sobre Nicaragua en febrero pasado en el marco de la resolución 40/2, se siguen registrando persistentes violaciones de derechos humanos contra quienes el Gobierno percibe como opositores, incluso personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y ex-detenidos políticos.

El derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos pro-gubernamentales cuando  críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente. Entre marzo y junio de este año, mi Oficina documentó 43 denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.

Aún no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, también debido a la Ley de Amnistía.

Esta persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos.

Resultan preocupantes los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo. Los incidentes violentos de 19 y 20 de abril en Esquipulas, isla de Ometepe, dejaron al menos dos residentes y tres policías heridos. Varios residentes se habrían enfrentado a la policía por presuntas violaciones en el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de tres personas, incluso tomando a un agente como rehén durante unas horas, mientras exigían la liberación de los arrestados. 

Igualmente preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo, y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región, mencionados en mi actualización oral anterior.

Saludo las recientes liberaciones bajo el beneficio de convivencia familiar de 4.515 reclusos que facilita la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios.

Sin embargo, ninguno de los 86 "presos políticos" registrados por sociedad civil al 4 de mayo de 2020, fue beneficiado con esta medida. Reitero mi recomendación de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años.

Señora Presidenta y miembros del Consejo,

La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha provocado mayores restricciones del espacio cívico y democrático. El discurso oficial estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales. La pandemia además ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos.

Existe también poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos. Aunque el Gobierno ha señalado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico. Hasta la fecha, hemos recibido denuncias de que al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia.

El 25 de junio, por medio de un decreto legislativo tramitado en forma expeditiva, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU), una organización sin fines de lucro que ha venido desarrollando actividades sociales en el municipio de Camoapa. Desde 2018, el Estado nicaragüense ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país.

La economía de Nicaragua ya enfrentaba serios desafíos debido a la crisis surgida en abril de 2018. La pandemia podría agravar esta situación, afectando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, en particular los más vulnerables.

Hago un llamado al Gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano.

Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente. Reitero nuestra disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores como le señalé en el día de ayer al Ministro de las Relaciones Exteriores.

Insto también al Consejo a que continúe monitoreando la situación. 

Presento ahora mi informe sobre los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela(A/HRC/Res/42/4). El próximo 15 de julio presentaré otro informe sobre la independencia judicial, el acceso a la justicia y la situación de derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco bajo el Ítem 4.

Valoro positivamente el incremento del acceso de mi Oficina en Venezuela y de nuestra cooperación desde la firma de la Carta de Entendimiento en septiembre de 2019.

Agradezco al Gobierno la cooperación para que realizáramos visitas a los estados de Zulia, Bolívar y Lara, así como 13 visitas a 11 centros penitenciarios. Valoro positivamente el establecimiento y el intercambio con el Comité de Coordinación Interinstitucional para dar cumplimiento a la asistencia técnica e intercambiar información sobre casos individuales de personas privadas de libertad.

Las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de los servicios públicos, tales como la electricidad, el agua y la escasez de combustible y el precario acceso a los servicios de salud.

La crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia de la COVID-19.

Acojo con satisfacción el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y una parte de la oposición para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud para hacer frente a la pandemia. 

Mi Oficina siguió documentado restricciones al espacio cívico y democrático con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos. Continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de parlamentarios de la Asamblea Nacional.

Reconozco la disminución en la tasa de homicidios en 2019, aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno informó que las fuerzas de seguridad frustraron varios intentos de rebelión. Aunque reconozco la potestad del Gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso, así como alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención documentadas en el informe.

Reconozco la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, aunque persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento. 

Ante todo, lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política. Las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos. Estas nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición.

Reitero mi llamado en favor de una negociación política inclusiva basada en derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos. Mi Oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos. 

Excellencies,
Colleagues,

I now turn to the interim report of the Secretary-General on the “Situation of Human Rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, Ukraine”, as mandated by United Nations General Assembly resolution 74/168. The report covers the period of 1 July to 31 December 2019, and draws heavily from the work of my Office’s Human Rights Monitoring Mission in Ukraine.

The report notes that human rights violations involving torture and other ill-treatment perpetrated by law enforcement agencies continued in Crimea. It is particularly concerning that, in all documented cases in which victims made credible complaints to the courts and law enforcement authorities, no perpetrator was held accountable.

There are concerns about inadequate conditions of detention in Crimea, which could amount to inhuman or degrading treatment or punishment.

The ongoing criminalization of freedom of expression on social media is also worrisome, with journalists and media workers continuing to face interference with their professional activities. Several civil society groups faced obstacles in organizing conferences, public discussions and other meetings. My Office received information regarding pressure and threats by law enforcement on landlords of facilities where Crimean Tatar civic groups planned to meet.

In addition, the report provides several examples where, in violation of international humanitarian law, the Russian Federation failed to uphold its obligations as the occupying Power in Crimea. Transfers of detainees from occupied territory to the territory of the occupying Power, continue to violate the prohibition on individual or mass forcible transfers, as well as on deportations of protected persons. The report also notes that the Russian Federation continues to apply its criminal legislation in Crimea, contrary to its obligation to respect the criminal laws of the occupied territory, and that it carried out its tenth military conscription campaign in Crimea, in violation of international humanitarian law.

Moreover, the report reminds the Government of Ukraine of its obligation to use all available means to ensure respect for the enjoyment of human rights in Crimea. It reiterates concerns raised previously by my Office with regard to discrimination and obstacles suffered by current and former Crimean residents when trying to access banking services or register births and deaths in Ukraine, outside of Crimea.

My office will continue to monitor the human rights situation in Crimea, and stand ready to engage with the Russian Federation, as the occupying Power, as well as with Ukraine, in order to strengthen protection of human rights on the peninsula and throughout the country.

Excellencies,
Colleagues,

This concludes my introduction of reports under item 2.

In every case, I encourage all parties to fully implement the human rights recommendations in the reports. My Office stands ready to assist in this regard. 

Thank you