El líder de los ‘escuadrones de la muerte’ de Haití debe comparecer ante los tribunales, afirma Bachelet

GINEBRA (29 de julio de 2020) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que el ex dirigente de grupos paramilitares haitianos Emmanuel “Toto” Constant, deportado por Estados Unidos el mes pasado, debe rendir cuentas por las horrendas vulneraciones de derechos humanos perpetradas en el decenio de 1990.

En un juicio histórico para la justicia en Haití, Constant fue condenado en ausencia el 16 de noviembre de 2000 y sentenciado a cadena perpetua por su participación en la masacre cometida en 1994 en Raboteau, cuando fuerzas paramilitares y del ejército atacaron ese barrio de la ciudad de Gonaïves. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 10 y los 80 años. No se ha podido precisar el número exacto de muertes porque los cadáveres fueron arrojados en cloacas a cielo abierto.

Constant, que huyó a Estados Unidos en 1994 tras la vuelta al poder del presidente Aristide, fue deportado de ese país el 23 de junio de 2020 y arrestado a su llegada a Port-au-Prince.

El 10 de julio pasado, un tribunal anunció que el expediente judicial de su detención se había extraviado. La ausencia de esos documentos arroja dudas sobre la base legal de su arresto, lo que plantea la posibilidad de que el reo sea puesto en libertad y consiga sustraerse a la acción de la justicia.

El Front pour l'Avancement et le Progrès Haitien [Frente para el adelanto y el progreso de Haití] (FRAPH), fundado por Constant, operó como un escuadrón de la muerte y se cebó con la población civil, en su campaña para ayudar a las Fuerzas Armadas Haitianas a conservar el poder. El grupo perpetró ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y violaciones, así como innumerables actos de tortura y violencia. Según los informes, a menudo soldados y elementos paramilitares violaban a las mujeres delante de sus familiares y algunos supervivientes declararon que a veces obligaron a los hijos a violar a sus propias madres.    

“No debe permitirse que los autores de esos hechos atroces escapen a la acción de la justicia”, afirmó Bachelet.

“La impunidad destruye la urdimbre social y perpetúa la desconfianza entre comunidades o entre la sociedad y el Estado.

La rendición de cuentas contribuye a prevenir los sentimientos de frustración y amargura, y el posible deseo de venganza, susceptibles de generar nuevos actos de violencia y nuevas atrocidades”.

“Es fundamental que las víctimas obtengan justicia, conozcan la verdad y reciban reparaciones, y que su dignidad sea restaurada”, terminó diciendo la Alta Comisionada.

FIN

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