Conversatorio con el Presidente del BID Luis Alberto MorenoUnited Nations High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet

8 de junio 2020

Queridos amigos y amigas

Agradezco esta invitación del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, para conversar respecto al impacto de la COVID-19 en las Américas y el trabajo por hacer post - COVID-19. 

Reconozco y aplaudo los importantes esfuerzos del BID y de su Presidente para apoyar la preparación y respuesta de los países de las Américas a Covid-19, el fortalecimiento de las redes de seguridad social, y fijar un camino para la recuperación económica.

También me gustaría reconocer las diferentes iniciativas del BID para ubicar los derechos humanos al centro de sus operaciones, incluyendo sus compromisos públicos sobre las represalias contra aquellos afectados por proyectos, y la incorporacion de normas de derechos humanos en su proyecto de Marco de Políticas Ambientales y Sociales.

Sin duda, la pandemia es la crisis sanitaria más seria en las últimas décadas y viene acompañada de severos impactos sociales y económicos. 

Sigue siendo un enorme reto para nuestras sociedades, nuestros gobiernos, las instituciones multilaterales y para cada uno de nosotros.  Es un gran desafío y prueba de liderazgo y humanidad.

Todos podemos ver que el impacto general sobre las vidas y las economías es claramente catastrófico. Sin embargo, los más pobres y marginados -las personas que sufren los mayores déficits en materia de derechos humanos- son los más afectados de todos.

De hecho, si bien el virus en sí no discrimina, sus impactos desiguales han desnudado las enormes desigualdades sociales y económicas de nuestras sociedades.

De esa manera, se hace evidente que tenemos dos deberes esenciales: superar la epidemia y reconstruirnos mejor.

Queridos amigos y amigas,

Desde el comienzo de la crisis, mi oficina ha publicado orientaciones para ayudar a los Estados a hacer frente a la pandemia.

Publicamos directrices sobre temas distintos, pero siempre con un eje central: las respuestas sólo serán eficaces si se centran en los derechos humanos.

Porque la crisis de la Covid-19 es fundamentalmente una crisis de derechos humanos. Y ello es evidente en las Americas. La pandemia da lugar a la violencia contra las mujeres, estigmatiza a los migrantes, a minorías etnicas y personas LGTBI y  ha causado estragos en las comunidades indígenas.  Ha desnudado las desigualdades y la inseguridad del mercado laboral, la falta de inversión en salud pública y sistemas de protección social, y las barreras estructurales al acceso a alimento, agua, educación y muchos otros derechos

Ganarle a esta pandemia requiere acciones decisivas, coordinadas e innovadoras de todos y para todos.

Nuestra prioridad debe ser proteger vidas humanas. Punto.

Para eso, la respuesta debe ser inclusiva, transparente y responsable. 

Las medidas de emergencia que se han adoptado para contener el virus deben ser proporcionales y temporales para proteger el estado de derecho y a todos y todas.

Tenemos que asegurar que nadie se quede atrás. La salud de todos y todas depende de ello.

Y, claro, es crucial tener en cuenta las devastadoras y dispares consecuencias económicas.

El impacto total de la COVID-19 en las economías globales y nacionales aún no se ha sentido. Sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha establecido que la pandemia provocará la mayor depresión de la actividad económica en la historia de la región: una caída del -5.3% en 2020.

Los países cuyas economías dependen en gran parte del turismo, de exportaciones (incluyendo commodities) o de industrias de manifactura serán particularmente afectados. Se estima que, en comparación con el año pasado, habrá un incremento en el número de personas desempleadas (11,6 millones personas) y en la pobreza (28,7 millones) y la pobreza extrema (16 millones de personas). Estas cifras nos alertan a la magnitud de los desafíos que enfrentamos.

A esto hay que considerar la situación anterior a la crisis en algunos países donde ya se veían algunas debilidades, como tasas de crecimiento bajas o alto endeudamiento. 

Asimismo, en varios países de la región habían tenido lugar marchas con miles de personas en las calles protestando por falta de acceso a salud y educación.  A estos llamados, se han sumado nuevas demandas respecto a la falta de alimentos, agua y medicina, así como falta de transparencia respecto las medidas que se adoptan frente a la crisis.

Las imágenes de personas en varios países de la región con banderas blancas pidiendo alimentos nos recuerdan a esta (nueva) realidad para muchas personas. Debemos estar preparados para enfrentar estas exigencias sociales, asegurar el respeto a la protesta pacífica y escuchar claramente los agravios.  Si esto no se hace, esto contribuirá a una falta de confianza en los gobiernos y mayor fragmentación dentro de los países.

Amigos y amigas,

La pandemia es un riesgo para todos, pero tiene unos efectos desproporcionados sobre la salud y los medios de vida de ciertas personas y comunidades. Algunos de los más vulnerables ante esta crisis son quienes ya están en riesgo.

COVID-19 afecta de manera desproporcionada a quienes viven en la pobreza. Aumenta las desigualdades existentes y está llevando a los afectados por la pobreza, a una situación de pobreza más profunda.

Los países de bajos ingresos y afectados por conflictos tienen menos probabilidades de poder responder de manera efectiva debido a la debilidad de los sistemas de salud y protección social, menos hogares con acceso a tecnología e internet para la educación a distancia, y más de la población carece de acceso al agua, el saneamiento y instalaciones de higiene.

Como resultado de la COVID-19, millones de niños entrarán a la pobreza a medida que sus familias enfrentan dificultades financieras debido a enfermedades, incapacidad para trabajar, pérdida de empleo e ingresos y otras inseguridades económicas relacionadas.

A nivel mundial, además de los 386 millones de niños que viven en la pobreza extrema, se estima que 42-66 millones de niños podrían enfrentar la pobreza extrema debido a COVID-19. Además, más de 370 millones de niños en 143 países dependen de los colegios, ahora cerrados en muchos países, para tener una fuente de alimentación segura

También existe un mayor riesgo de que los niños sean empujados al trabajo infantil para mantener a sus familias y, en particular para las niñas, de matrimonio precoz, infantil o forzado y explotación y trata.

Por otro lado, el COVID-19 representa un alto riesgo para la mujeres y niñas.  En la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres están altamente concentradas en sectores informales y con bajos salarios.  A eso se une, que casi el 40% de las mujeres que trabajan en la región están empleadas en áreas que han quedado muy afectadas, como el turismo, el comercio, restaurantes, hoteles y trabajo doméstico.

Por otro lado, las niñas tienen menos acceso a internet, lo que implica menos capacidad de poder seguir sus clases en casa.

Pero eso no es todo.  En América Latina, ya una región con altos niveles de femicidio, hay fuertes señales de un aumento de la violencia doméstica debida la cuarentena o las medidas de distanciamiento.  

La protección de los migrantes en América Latina es otra fuente de preocupación, con denuncias de deportaciones, cierre de fronteras y nueva legislación restrictiva. Hay migrantes regresando sin ninguna protección sanitaria, incluidos los deportados que han dado positivo a la COVID-19 a su regreso.  Hay migrantes durmiendo en las calles pidiendo regresar a sus países de origen, sin ninguna esperanza de poder hacerlo.

De hecho, la pandemia está generando una ola de estigma y discriminación alrededor del mundo: contra ciertos grupos nacionales y étnicos, contra quienes son sospechosos de tener la COVID-19 y contra los trabajadores de la salud.

Necesitamos trabajar juntos para rechazar esta tendencia, que se alimenta de información falsa y temor. Las campañas de sensibilización y difusión de información precisa, clara y basada en datos son las herramientas más eficaces.

Son esenciales el acceso a la información, la participación pública y una respuesta incluyente. Hoy, más que nunca, los gobiernos deber ser abiertos y transparentes, receptivos y responsables de las personas que buscan proteger.

Aunque los desafíos planteados por la COVID-19 en América Latina son realmente serios, vemos que varias prácticas prometedoras provienen de la región.

Por ejemplo, para abordar el impacto económico de la pandemia, las autoridades de Costa Rica han tomado medidas para proteger los derechos laborales de las mujeres y reducir las obligaciones para proyectos que incluyen jóvenes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, campesinos, migrantes y personas mayores y con discapacidad.

En Bolivia, el gobierno otorgó permisos de licencia especiales para proteger los salarios de ciertos grupos, incluidas las mujeres embarazadas y los padres solteros con niños menores de 5 años.

Mi Oficina está apoyando varios esfuerzos de respuesta en diferentes países de la región. Algunos ejemplos incluyen:

Brindar apoyo técnico a organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales que trabajan para la defensa legal de las mujeres privadas de la libertad en El Salvador;

trabajar con autoridades indígenas y organizaciones de mujeres, en coordinación con el Gobierno para facilitar acceso a información sobre cuidados de salud en Panamá;

una campaña de redes sociales #MujeresYCovid19 en Guatemala, la cual provee una plataforma plataforma para visibilizar el importante rol que juegan las mujeres trabajando en la primera línea de respuesta a la pandemia, así como para reflexionar en el contexto actual;

trabajar con el grupo de trabajo recientemente creado por el gobierno de Honduras en la implementación de un plan nacional para garantizar derechos económicos y sociales;

asegurar que la Respuesta Multisectorial de Naciones Unidas en el Caribe, consultada con los gobiernos de la región, tenga una firme base en los derechos humanos.

Amigos,

Cuando superemos esta pandemia, porque lo haremos, debemos tomar las lecciones aprendidas y aprovechar la oportunidad de nuestra vida: construirnos mejor que antes.

Aprecio mucho las palabras del Presidente Moreno hace dos semanas haciendo referencia a un nuevo contrato social. Estoy en completo acuerdo con la propuesta y pensar en el potencial transformador de esta crisis terrible.

Un elemento crucial será la implementación universal de un piso universal de protección social, o en otras palabras, seguridad social básica que asegure el acceso a salud, educación y un ingreso básico.  Lograr este objetivo, significa reconocer las desigualdades y la necesidad de cambios sociales estructurales para que estas disminuyan.

El financiamiento de pisos de protección social, como pilar central en la respuesta al Covid-19, es posible, sí es visto como una prioridad política.

Al imaginar este nuevo contrato social, debemos considerar las carencias que COVID ha desvelado en tándem con la crisis climática. Son parte de la misma moneda.

Los paquetes de estímulo también deberían apoyar la transición hacia una economía verde y circular más saludable y con un uso más eficiente de los recursos.

Confío en que es posible lograr todos estos objetivos - si somos conscientes de nuestra interdependencia, de nuestra igualdad y de nuestros derechos iguales.

Y si somos conscientes de que el mundo necesita trabajar en colaboración y de forma coordinada.

Esta es una crisis global que exige respuestas globales.

De hecho, la pandemia nos muestra la importancia de las instituciones multilaterales y la importancia de la igualdad de derechos. 

Instituciones como el BID cumplirán un rol crucial.

Conto con ustedes y con el fortalecimiento de nuestra cooperación con miras a crear sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.