43º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos Debate urgente sobre las actuales violaciones de los derechos humanos de inspiración racial, el racismo sistémico, la brutalidad policial contra los afrodescendientes y la violencia contra las protestas pacíficas

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Declaración de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
17 de junio de 2020

Distinguido Presidente,
Excelencias,
Colegas y amigos,

Desde el asesinato de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis el mes pasado, se ha desatado una oleada de protestas masivas, no solo en cada estado de los Estados Unidos, sino también en docenas de países de Europa y de todo el mundo.

Ese acto de brutalidad gratuita se ha convertido en símbolo del racismo sistémico que perjudica a millones de afrodescendientes, lo que provoca un daño generalizado, de larga duración, generacional y, muy a menudo, letal.

Se ha convertido en un símbolo del uso excesivo y desproporcionado de la fuerza que hace la aplicación de la ley contra los afrodescendientes, contra las personas de color, contra las poblaciones indígenas, así como las minorías raciales y étnicas en muchos países del mundo.

Se ha agudizado la ira de las personas que sienten que sus gobiernos no les atienden, ni les escuchan adecuadamente.

Ha estremecido a millones de aliados: personas que ahora están empezando a reconocer la realidad de la discriminación sistémica sufrida por otros, y a unirse a estas personas en su exigencia de que todo el mundo en sus países sea tratado con igualdad, justicia y respeto.

Las protestas de hoy constituyen la culminación de muchas generaciones de dolor y de una larga lucha por la igualdad. Muy poco ha cambiado a lo largo de demasiados años. Le debemos a los antepasados, así como a las generaciones venideras, la posibilidad de aprovechar el momento —después de mucho tiempo— y exigir un cambio radical e insistir en ello.

Como escribimos esta semana de forma conjunta 20 de mis compañeros directivos superiores de las Naciones Unidas, de origen o descendencia africana, "limitarse a condenar las expresiones y los actos de racismo no es suficiente. Debemos ir más allá y hacer más".

La magnitud de las protestas de hoy, junto con la constatación del alcance generalizado de apoyo público, apunta a un cambio de rumbo en las naciones, cuya historia se ha visto entremezclada con los dos males de la esclavitud y el racismo, y que nunca han reconocido plenamente sus repercusiones, ni han erradicado su influencia, pese a la lucha ejemplar del movimiento de derechos civiles.

Tal como reconoció la semana pasada el General Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos: "La muerte (de George Floyd) ha aumentado el dolor, la frustración, el temor con el que muchos de nuestros conciudadanos americanos viven día tras día... Las manifestaciones que se han producido no solo obedecen a su muerte, sino a siglos de injusticia hacia los afroamericanos".

Ahora tenemos que actuar de forma decisiva en todo el mundo, no solo para reformar o recrear instituciones y fuerzas del orden específicas, lo que es igualmente importante, sino para abordar el racismo generalizado que corroe a las instituciones de gobierno, consolida la desigualdad y subyace a muchas violaciones de derechos humanos. Y los ciclos de impunidad que han permitido que esto ocurra deben acabar.

La discriminación racial provoca daños abrumadores a millones de personas, desde una asistencia sanitaria deficiente a una educación inadecuada, oportunidades limitadas para promocionar en los trabajos, denegación de viviendas y préstamos hipotecarios, malos tratos a manos de las fuerzas del orden, restricciones prácticas al derecho de voto y penas de prisión excesivas.

Ha sido alentador la aprobación por las autoridades nacionales y locales de las primeras medidas, a fin de aplicar reformas de las prácticas relacionadas con el mantenimiento del orden público, muy necesarias desde hace tanto tiempo.

Entre ellas, se encuentran, la prohibición de llaves de estrangulamiento por parte de la policía, resoluciones que prohíban el uso de gas lacrimógeno, balas de goma y granadas de concusión contra los manifestantes pacíficos, limitaciones en el suministro de armas de categoría militar a las fuerzas policiales, y —quizás lo más importante de todo— medidas para garantizar mejor una rendición de cuentas oportuna y eficaz y el procesamiento de conductas indebidas por parte de las fuerzas de seguridad.

Ahora muchos cuestionan también el papel importante que desempeñan las prácticas policiales en algunas sociedades, en las cuales se le pide a la policía que actúe como gestores de crisis, consejeros, trabajadores sociales, y mucho más, en parte debido a los recortes presupuestarios de los servicios públicos esenciales para el bien común. Asuntos de este tipo están dando lugar a cuestiones más fundamentales sobre la necesidad de reconstruir desde la base, en lugar de solo reformar por partes, los enfoques de las prácticas policiales en nuestras sociedades.

Redunda en el interés de todo agente del orden cumplir sus funciones con un alto nivel de competencia y respetabilidad. Los actos de conducta indebida por parte del personal policial deberían investigarse, sancionarse o procesarse de inmediato, acorde a las normas internacionales, ya sean o no grabados y publicados de forma viral en las redes sociales. En este caso, pueden ser de utilidad orientaciones claras, como las Directrices de Derechos Humanos sobre el uso de armas menos mortíferas en la aplicación de la ley, que mi Oficina publicó el año pasado.

Esta rendición de cuentas también redunda en el interés de cada estado. Los derechos, la dignidad y la igualdad de todos son principios esenciales en sí, y cruciales para la resiliencia y el éxito de cada sociedad.

Me inquietan los actos delictivos cometidos por un número reducido de personas entre las numerosas protestas pacíficas en todo el mundo, que a menudo han causado daños a los bienes de minorías raciales y étnicas en actos de reciente victimización. Hay pruebas en vídeo que han demostrado, además, el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes, incluso durante manifestaciones totalmente pacíficas. Todos estos incidentes deberían investigarse y los responsables deberían ser conducidos ante la justicia.

Excelencias:

La discriminación racial sistémica trasciende cualquier expresión de odio individual. Deriva de prejuicios en varios sistemas e instituciones de la política pública, que perpetúan y refuerzan por separado y en conjunto los obstáculos a la igualdad.

Necesitamos colegios y universidades que estén libres de prejuicios, economías que ofrezcan una igualdad real de oportunidades y un tratamiento justo para todos, instituciones políticas que sean más resolutivas e inclusivas, y sistemas de justicia que sean realmente justos.

La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y la Declaración y Programa de Acción de Durban son compromisos convenidos internacionalmente para prohibir y combatir la discriminación racial en todas las esferas de la vida civil, política, económica, social y cultural. Comprometen a los Estados para adoptar medidas concretas —en la legislación, las políticas y la práctica— a fin de garantizar la plena igualdad de derechos para los que han sufrido discriminación en el pasado y en el presente.

El Decenio Internacional de los Afrodescendientes, el cual se acerca a su revisión a medio plazo por parte de la Asamblea General, ofrece un marco importante para actuar en los problemas estructurales del acceso a la justicia, el establecimiento de perfiles raciales, el reconocimiento de los afrodescendientes y los problemas económicos y de desarrollo profundamente arraigados que les afectan.

Mi Oficina cuenta con el apoyo y la acción consolidada de los Estados para acelerar estos y otros compromisos, que fomenten los derechos humanos de los afrodescendientes de todas partes en la legislación, las políticas y los programas. Es especialmente importante que los afrodescendientes participen en la delineación de estas decisiones.

Detrás de la violencia racial de hoy en día, el racismo sistémico y las prácticas policiales discriminatorias, subyace la incapacidad de reconocer y afrontar el legado de la trata de esclavos y el colonialismo. Es preciso comprender mejor el alcance de la discriminación sistémica, con datos desglosados por etnia o raza, para sentar una base más sólida para la igualdad. Recientemente, cuando me reuní con el Grupo de Trabajo sobre los Afrodescendientes, me comentaron, "en muchos países, no cuentan con nosotros, y si no lo hacen, no importamos".

Igualmente, tenemos que corregir siglos de violencia y discriminación, entre otros, por medio de disculpas formales, procesos de reivindicación de la verdad y reparaciones de distintas formas.

Animo a este Consejo a centrarse aún más en las cuestiones relacionadas con el racismo y la discriminación racial y a dar más importancia a la labor significativa de los mecanismos intergubernamentales y de expertos que tratan esta cuestión. Las recomendaciones concretas y orientadas a los resultados, acompañadas de una promoción firme, deben ayudar a los Estados a mejorar la visibilidad de las acciones nacionales.

En todas estas medidas, deberíamos ir más allá de las recomendaciones existentes. Necesitamos desarrollar lo que ha funcionado partiendo del cúmulo de trabajo y experiencia que ya tenemos. El tiempo es esencial. La paciencia se ha acabado.

La vida de las personas negras importa. La vida de los indígenas importa. La vida de las personas de color importa. Todos los seres humanos nacen en igualdad de derechos y dignidad: esto es lo que defiende este Consejo, al igual que mi Oficina.

Agradezco al Grupo de Estados de África la iniciativa de este debate, y a este Consejo por respaldarlo. Confío en que vaya seguido de reformas rápidas y contundentes.

Muchas gracias.