Crisis del COVID-19: Kenya debe frenar los desahucios y proteger a los defensores del derecho a la vivienda

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GINEBRA (22 de mayo de 2020) – El gobierno de Kenya debe frenar los desahucios durante la crisis del COVID-19 y garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos que están amenazados por su labor en pro de los expulsados, declararon hoy los nuevos Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, y sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor.

El llamamiento de los expertos se produce tras el desahucio masivo y forzoso de residentes de los asentamientos informales de Kariobangi y Ruai, en Nairobi, y el acoso sufrido por un activista de derechos humanos que recibió amenazas de “desaparición”.

“Estas medidas no solo destruyen los hogares de miles de personas que carecen de otra alternativa de alojamiento, lo que constituye una grave violación de su derecho a la vivienda, sino que al aplicarse en medio de una pandemia como la actual vulneran múltiples normas de derechos humanos y agravan su posible repercusión sobre el derecho a la salud y la vida de miles de ciudadanos”, afirmaron los expertos.

A los Relatores Especiales también les preocupan los informes que siguen recibiendo, en el sentido de que los desahucios han continuado en los últimos días, aunque el gobierno había anunciado que los suspendería mediante una moratoria durante la crisis del COVID-19.

Los desahucios de los asentamientos informales de Kariobangi y Ruai

En la mañana del 4 de mayo, a pesar de que existía una orden judicial del día anterior que impedía la ejecución del desahucio, unas 8.000 personas fueron sacadas por la fuerza de sus hogares en el barrio de Kariobangi y se procedió a la demolición de sus casas.

El gobierno de Kenya solo había transmitido a los damnificados una notificación verbal, con una antelación de 24 a 48 horas, y no adoptó ninguna medida para suministrarles alimentos, alojamiento temporal, acceso al agua y los saneamientos ni tampoco ningún tipo de compensación. En consecuencia, miles de personas se encuentran ahora sin hogar y necesitan asistencia urgente.

El 15 de mayo, más de 1.500 personas fueron desahuciadas de sus hogares en Ruai, durante la noche, en periodo de toque de queda y bajo una densa lluvia. Las familias damnificadas no recibieron alojamiento alguno y desde entonces duermen a la intemperie, expuestas al frío y la lluvia.

“Las autoridades kenianas tienen la obligación de frenar los nuevos desahucios previstos, proporcionar ayuda urgente a los damnificados y garantizar sus derechos a la vivienda, los alimentos, el agua y los saneamientos”, dijeron los expertos de las Naciones Unidas. “Asimismo deben poner en marcha un plan, con la plena participación de los desahuciados, con el fin de hallar una solución a largo plazo para sus necesidades de vivienda”.

Bajo amenaza de “desaparición”

La activista de derechos humanos Ruth Mumbi recopiló y publicó testimonios de numerosas víctimas de los desahucios de Kariobangi y exhortó a las organizaciones de derechos humanos y a los periodistas a que documentaran la repercusión de las expulsiones. Mumbi sensibilizó a la opinión sobre la difícil situación humanitaria y recaudó fondos para asistir a las familias damnificadas.

El 12 de mayo, un individuo que se identificó como agente de policía llamó a Mumbi y la amenazó con “hacerla desaparecer” si no dejaba de defender a las víctimas del desahucio.  Cuando la activista denunció la amenaza a la policía, al principio los agentes se negaron a anotar el incidente en sus registros o a tomar de inmediato medidas para garantizar su seguridad. Posteriormente, la intervención de varias organizaciones de derechos humanos le permitió formalizar la denuncia.

Los expertos de las Naciones Unidas manifestaron su gran preocupación por la seguridad de Mumbi y exhortaron al gobierno de Kenya a que lleve a cabo una investigación rápida y exhaustiva de las amenazas que ha recibido, así como de la negativa inicial de la policía a registrar el incidente.

“Las desapariciones forzadas constituyen una violación grave y flagrante de los derechos humanos y el gobierno tiene la obligación de garantizar la protección de la Sra. Mumbi ante amenazas de ese tipo, tanto si sus autores son funcionarios como si se trata de terceros que actúan con la anuencia o el consentimiento del Estado”, declararon los Relatores.

El llamamiento de los expertos ha sido respaldado por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias, compuesto por Luciano Hazan (Presidente), Tae-Ung Baik (Vicepresidente), Bernard Duhaime, Houria Es-Slami y  Henrikas Mickevičius; el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri y el Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Léo Heller.

FIN

Sr. Balakrishnan Rajagopal (Estados Unidos de América) es el Relator Especial de la ONU sobre la vivienda adecuada como un componente del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación en este contexto. Asumió su mandato en mayo de 2020. El Sr. Rajagopal es profesor de derecho y desarrollo en el Departamento de Estudios y Planificación Urbana del MIT. Es el fundador de la Red de Investigación y Acción sobre el Desplazamiento en el MIT. Ha realizado más de 20 años de investigación sobre movimientos sociales y defensa de los derechos humanos en todo el mundo, centrándose en particular en los derechos de la tierra y la propiedad, los desalojos y el desplazamiento. Es licenciado en derecho por la Universidad de Madrás (India), tiene una maestría en derecho de la Universidad Americana y un doctorado interdisciplinario en derecho de la Facultad de Derecho de Harvard. Se desempeñó como asesor de derechos humanos en la Comisión Mundial de Represas, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Camboya. Ha publicado numerosos libros y artículos académicos, incluidos informes de investigación sobre desalojos, desplazamientos, derechos humanos y vivienda.

Sra Mary LAWLOR (Irlanda) es la nueva Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Ella tomó su mandato en marzo de 2020. La Sra. Lawlor es actualmente profesora adjunta de Negocios y Derechos Humanos en el Trinity College de Dublín. Fue la fundadora de Front Line Defenders - la Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. Como Directora Ejecutiva de 2001 a 2016, representó a Front Line Defenders y desempeñó un papel fundamental en su desarrollo. Anteriormente, la Sra. Lawlor fue Directora de la Sección Irlandesa de Amnistía Internacional de 1988 a 2000, se convirtió en miembro de la Junta en 1975 y fue elegida Presidenta de 1983 a 1987. Es licenciada en Psicología y Filosofía y tiene títulos de posgrado en Enseñanza Montessori y Gestión de Personal.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como el Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones de países concretos o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con Jon Izagirre (41 22 91 79715 / jizagirre@ohchr.org), Adriana Zarraluqui (+41 22 91 79965 / azarraluqui@ohchr.org)

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