Nota informativa sobre Colombia / Asesinatos de activistas de derechos

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Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:  Rupert Colville

Lugar: Ginebra 

Fecha: 24 de abril de 2020

Tema: Asesinan a defensores de derechos humanos

Es motivo de honda inquietud la situación que prevalece en el departamento de Cauca (Colombia), donde, según los informes recibidos, al menos 13 defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va de año, tres de ellos en los últimos días.

Aunque los últimos casos todavía están en proceso de verificación por la Oficina del ACNUDH, los informes recibidos indican que el 22 de abril, el líder social Hugo de Jesús Giraldo fue asesinado en el poblado de Santander de Quilichao.

El pasado fin de semana, otros dos líderes sociales, Mario Chilhueso y Teodomiro Sotelo Anacona, también fueron asesinados, así como el esposo de una tercera dirigente social.

Un número cada vez mayor de grupos armados y bandas de delincuentes que se disputan el control de actividades económicas ilícitas en este territorio está detrás de la mayoría de los ataques, que han ido en aumento en los últimos meses. La pandemia del COVID-19 y las restricciones impuestas por el gobierno central y las autoridades comunitarias para frenar la propagación del virus, parecen haber agravado una situación que ya era violenta e inestable.

Todo indica que los grupos armados y las bandas de delincuentes se aprovechan del confinamiento de la mayoría de población para ampliar su presencia y dominio territorial.

Además de lo que, al parecer, son asesinatos selectivos de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, nuestra Oficina ha recibido informes diarios sobre amenazas -incluso amenazas de muerte- y acoso a la población local, entre otros a campesinos, pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes que tratan de garantizar el cumplimiento de las medidas de confinamiento y prevención. 

En algunas zonas del departamento de Cauca se han recrudecido los choques entre las fuerzas de seguridad y los grupos armados, incluso en los territorios de los pueblos indígenas. Elementos de la población civil se han visto atrapados por la violencia, que causó la muerte de un niño indígena en Toribio y el desplazamiento forzoso de comunidades rurales en Argelia y El Tambo.   

Asimismo, nos preocupan los ataques perpetrados contra ex combatientes de las FARC-EP. Según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, 36 de ellos han sido asesinados en el Cauca desde que se firmó el acuerdo de paz, en noviembre de 2016. 

Exhortamos a todas las partes involucradas en estos hechos violentos a que pongan fin a las hostilidades, en consonancia con el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas para implantar un alto el fuego general, que permita la aplicación adecuada de las medidas para prevenir la propagación del COVID-19.

Recordamos a las autoridades que tienen la obligación de prevenir los ataques y proteger a la población local. Toda agresión contra defensores de derechos humanos menoscaba el espacio democrático, comprendido el derecho de participación. La respuesta integral de la sociedad civil y los cuerpos de seguridad es particularmente importante en las zonas rurales.  

Pedimos al gobierno que realice investigaciones exhaustivas, rápidas, independientes e imparciales de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y que lleve a los responsables ante los tribunales de justicia.

Todas las víctimas y sus familiares tienen derecho a la justicia, la verdad y las reparaciones.

FIN

Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con: Rupert Colville - + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org o Jeremy Laurence - + 41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org oLiz Throssell - + 41 22 917 9296 / ethrossell@ohchr.org o Marta Hurtado - + 41 22 917 9466 / mhurtado@ohchr.org