Bachelet insta a los gobiernos de América Latina a permitir el regreso de sus ciudadanos

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GINEBRA (15 de abril de 2020) – En respuesta a un impasse de varias semanas ocurrido en la frontera entre Chile y Bolivia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó el miércoles a los países de América Latina y de otros lugares del mundo a abrir las fronteras a sus propios ciudadanos que se encuentran varados en el extranjero, muchos de los cuales carecen de acceso a la atención sanitaria y otros servicios básicos.

“En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia”, afirmó la Alta Comisionada, y pidió a los gobiernos de la región que hagan todo lo posible por garantizar el regreso seguro, digno y voluntario de sus ciudadanos, así como su reincorporación sostenible a la sociedad.

“Cuando los migrantes desean regresar voluntariamente a sus hogares, los gobiernos tienen la obligación de recibirlos y de velar por que tengan acceso a la atención sanitaria y a otros derechos”, declaró Bachelet. “Si los gobiernos no lo hacen, colocan a los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia del COVID-19. En términos generales, son los migrantes más pobres que tratan de volver a casa a través de las fronteras terrestres tras haber sido privados de sus ingresos a causa de las medidas de confinamiento, quienes se ven impedidos de regresar”.

“Los gobiernos deberían incluir a todos los migrantes, cualquiera que sea su estatus migratorio, en los planes de prevención, respuesta y recuperación del COVID-19 y deberían velar por que dispongan de acceso equitativo a la información, a los tests, a los cuidados sanitarios y a la protección social”, añadió la Alta Comisionada.

Bachelet elogió la cooperación y las medidas adoptadas por Chile y Bolivia para solucionar el impasse en el que se encontraba el regreso de los ciudadanos bolivianos, que comenzó cuando la pandemia afectó a sus medios de subsistencia en Chile y Bolivia cerró sus fronteras el 26 de marzo. Como consecuencia de esos hechos, unos 1.300 bolivianos -incluyendo ancianos, niños y mujeres embarazadas- que trataban de regresar a su país quedaron varados en el lado chileno de la frontera, donde cientos de ellos tuvieron que dormir a la intemperie, con poca agua y comida, y con temperaturas inferiores a cero grados centígrados. 

“Eso no tenía por qué haber ocurrido”, dijo Bachelet. “Esta situación demuestra la importancia de que los países puedan prever estos problemas o los solucionen rápidamente, a fin de evitar sufrimientos innecesarios”.

Los días 12 y 13 de abril, las autoridades chilenas transportaron a unos 800 migrantes bolivianos desde Colchane hasta la capital regional de Iquique, donde los instalaron en escuelas y les proporcionaron acceso a cuidados sanitarios y otros servicios básicos. El 13 de abril, otro grupo de unos 200 bolivianos llegó a Iquique.

El gobierno anunció que a finales de la semana alrededor de la mitad de esos migrantes serían trasladados de Iquique a Pisiga, un campamento instalado en el lado boliviano de la frontera, donde un equipo de las Naciones Unidas, en el que figuran varios miembros del personal de Bachelet, han asistido a las autoridades locales y a agentes humanitarios en la prestación de servicios básicos para los migrantes, evaluando sus necesidades y reforzando su protección. Se espera que el resto de los migrantes sean trasladados directamente de Iquique a sus hogares en Bolivia, al concluir la cuarentena obligatoria de 14 días exigida por las autoridades bolivianas.

Ante la perspectiva de que en días venideros otros cientos de migrantes bolivianos traten de cruzar las fronteras de distintos países para volver a sus hogares, es fundamental que las autoridades estatales y locales les garanticen un regreso seguro a sus lugares de origen y los ayuden a reintegrarse en sus comunidades.  

Migrantes que han tratado de cruzar las fronteras en otros lugares de la región para retornar a sus hogares han sufrido problemas similares, y algunos de los que han logrado regresar han sido objeto de hostilidad, discriminación e incluso de actos de violencia.

“Me aflige ver que la pandemia de la COVID-19 está causando estigmatización y discriminación, tanto entre Estados como dentro de ellos, en muchas regiones del mundo”, afirmó Bachelet. “Las personas que han contraído la enfermedad necesitan que les presten atención médica, no que las conviertan en víctimas del odio y el rechazo. Todos los países, tanto los de origen como los de destino, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los migrantes. Los migrantes que regresan a su país de origen deben ser incluidos en las estrategias de respuesta nacional, de protección social y de recuperación, sin discriminación alguna, y deben estar protegidos de la estigmatización y la marginación, lo mismo en la esfera pública que en la privada”. 

FIN

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