Declaración de las Naciones Unidas al final de la visita a Honduras

Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos

Tegucigalpa, 28 de agosto de 2019

Introducción

Durante su misión de 10 días a Honduras, la delegación del grupo de expertos compuesta por la Sra. Anita Ramasastry y el Sr. Dante Pesce, sostuvo reuniones y visitas en los Departamentos de Colón, Cortés, Intibucá y Francisco Morazán.

Nos gustaría extender nuestro sincero agradecimiento al Gobierno, en particular a la Secretaría de Derechos Humanos, por su intensa cooperación y apoyo en la organización de la visita. Durante nuestra visita, nos reunimos con una serie de representantes de alto nivel de las tres ramas del Estado. Nos reunimos con los Secretarios de Derechos Humanos; Relaciones Exteriores; Energía; Recursos Naturales y Medio Ambiente; Agricultura y Ganadería; y los Vice-Secretarios de Trabajo y Seguridad Social; de Desarrollo Económico, así como con los representantes de los siguientes departamentos gubernamentales: las Secretarías de Coordinación General de Gobierno; de Infraestructura y Servicios Públicos; Servicio de Administración de Rentas, Instituto para la Conservación Forestal, Instituto Nacional de Geología y Minas, Instituto Nacional de la Mujer, Instituto Nacional Agrario, Instituto de la Propiedad, Dirección Nacional de los Pueblos Indígenas y Afro Hondureños, Dirección Nacional para la Niñez, Adolescencia y Familia, la Comisión para la Promoción de la Asociación Pública Privada, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, la Superintendencia de Asociación Público Privada, el Consejo Nacional de Inversiones y con Inversión Estratégica de Honduras.      

También nos reunimos con los Gobernadores de los departamentos de Colón, Francisco Morazán y Cortés, así como con los alcaldes de Intibucá y Reitoca. Además, mantuvimos reuniones con los miembros del Congreso que presiden diferentes comisiones; con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos y su equipo de trabajo; con los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; y con los funcionarios de la Oficina del Fiscal General; el Fiscal Adjunto y con los representantes de las oficinas de la Fiscalía Especial para los Grupos Étnicos y Patrimonio Cultural, para la Protección de las y los  Defensores de los Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y  Operadores de Justicia; para el Medio Ambiente; para los Derechos Humanos; y contra la Trata de Personas,  Explotación Sexual y Tráfico Ilegal de Personas.

También agradecemos a todas las personas, organizaciones y empresas que se pusieron a disposición y viajaron largas distancias para compartir sus experiencias con nosotros y entablar un diálogo abierto y franco sobre las actuales iniciativas, oportunidades y desafíos para implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre les Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores). Durante nuestras reuniones celebradas en Intibucá, Reitoca, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Tocoa, nos reunimos con representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades locales, pueblos indígenas, trabajadores y sindicatos; así como con miembros del Equipo de País de las Naciones Unidas y representantes de empresas y asociaciones empresariales que cubren una amplia gama de sectores, incluyendo los miembros de la junta directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Asociación Nacional de Industrias de Honduras (ANDI) y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes y empresas comerciales individuales.

El contexto general de las empresas y los derechos humanos en Honduras

El propósito de nuestra visita fue evaluar cómo el gobierno y el sector empresarial cumplen con sus respectivos deberes y responsabilidades bajo los Principios Rectores para prevenir, mitigar y remediar los abusos de los derechos humanos y los impactos negativos vinculados a la actividad empresarial. Este informe preliminar comparte y se basa en las principales conclusiones de los titulares de mandatos de Procedimientos Especiales que anteriormente visitaron el país, incluidos los Relatores Especiales sobre la independencia de magistrados y abogados, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Ante todo, también quisiéramos recordar que no somos empleados de las Naciones Unidas y, como expertos independientes, que ejercen un juicio profesional e imparcial, reportamos directamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Observamos que Honduras ha expresado un compromiso con la implementación de los Principios Rectores y nuestra visita tiene como objetivo el identificar temas y áreas claves para actividades adicionales relacionadas con este tema. Elogiamos la Secretaría de Derechos Humanos por hacer de este tema una prioridad y por reconocer que garantizar el respeto por los derechos humanos de parte de las empresas es una parte clave del desarrollo sostenible del pueblo hondureño.

Alentamos la participación activa de todos los Ministerios en el  desarrollo de una política pública de empresas y derechos humanos en Honduras, como una obligación compartida.

Honduras es un país de ingresos medios bajos que enfrenta grandes desafíos, con más del 60 por ciento de la población viviendo en la pobreza. En las zonas rurales, aproximadamente uno de cada cinco hondureños vive en la pobreza extrema (menos de US $ 1,90 por día). Desde la crisis económica mundial de 2008-2009, Honduras ha experimentado una recuperación moderada, impulsada por inversiones públicas, exportaciones y mayores niveles de remesas. No obstante, el país enfrenta el nivel más alto de desigualdad económica en América Latina.

Otro desafío importante son las altas tasas de delincuencia y violencia. Aunque en los últimos años la cantidad de homicidios ha disminuido, Honduras continúa teniendo una de las tasas más altas del mundo (40  asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2019, según cifras del Gobierno).  

La economía de Honduras se basa principalmente en la agricultura y tiene el tercer sector más grande de maquilas del mundo. El gobierno se ha centrado en el crecimiento impulsado por las exportaciones, así como en la inversión extranjera directa, como una forma de acelerar el crecimiento económico. Sin embargo, el desarrollo económico y la inversión han creado desafíos importantes para el país y han generado preocupaciones sobre los abusos de los derechos humanos relacionados con las inversiones en proyectos de desarrollo, incluidos los sectores de energía y minería.

Las inversiones en estos proyectos suelen ir acompañadas de conflictos sociales, con repercusiones duraderas, tanto en la sociedad como en la economía y las empresas. La corrupción e instituciones públicas débiles son factores que alimentan la falta de confianza en las autoridades estatales y exacerban el conflicto social que afecta a todos los interesados, desde la sociedad civil y las comunidades indígenas, hasta las empresas y el gobierno.  La inversión parece haber sido priorizados a expensas de la protección de las personas y el medio ambiente.

Existe un consenso entre la sociedad civil y el sector privado de que los ingredientes clave para promover la confianza en el gobierno, es el de fortalecer la independencia del poder judicial, garantizar la separación de poderes y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Estas son las bases para una conducta empresarial responsable y una inversión estable que beneficie a todos.

Asuntos destacados en Honduras con respecto a las empresas y los derechos humanos

La necesidad de un diálogo significativo, consulta y participación.

En nuestras reuniones con funcionarios gubernamentales, empresas, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la comunidad, aprendimos que la escalada de conflictos sociales con la extracción y explotación de los recursos naturales y proyectos de desarrollo a gran escala, está a menudo vinculada a la falta de consultas significativas.

Escuchamos numerosas preocupaciones sobre la forma en que se implementa el requisito de consulta en forma de una reunión pública abierta en el municipio. La ausencia de un marco legislativo y regulatorio integral de los derechos de participación, ha contribuido a la creación de un panorama de participación disperso, en el que las empresas tienen amplios márgenes de discreción sobre cómo involucrar a la comunidad. Los municipios han implementado el requisito de "socializar" los proyectos de manera discrecional, lo que contribuye aún más a la desconfianza entre todos los interesados. La práctica de la consulta es inconsistente y no existe una medida real de si la consulta es efectiva y significativa.

Según el Ministerio de Medio Ambiente (MiAmbiente), las consultas deben realizarse antes de otorgar una licencia. Sin embargo, escuchamos que los municipios a menudo celebran reuniones de cabildo abierto cuando ya se han otorgado las licencias ambientales. Tampoco está claro en qué medida los ministerios nacionales se comprometen con las partes interesadas locales para evaluar los posibles impactos sociales como parte de una evaluación de la viabilidad de un proyecto. 

Tanto las comunidades locales, incluyendo las comunidades indígenas, como las empresas, han señalado la necesidad urgente de un marco regulatorio claro sobre la participación como una herramienta clave para abordar las profundas causas de los conflictos sociales. Las asociaciones empresariales también señalaron los altos costos económicos para las empresas debido a tales conflictos, incluyendo los costos de las operaciones que están estancadas, los daños a la reputación de una empresa y la retirada de financiamiento por parte de los inversores, como en el caso de la Represa de Agua Zarca.

El Decreto Ministerial 134-90 estableció las asambleas consultivas en reuniones de cabildo abierto como una herramienta para que los municipios "socialicen" los proyectos.. En este contexto, el Grupo de Trabajo enfatiza que la "socialización" no corresponde a la consulta. En este contexto, el Grupo de Trabajo recibió información sobre el fracaso sistemático de las autoridades públicas para garantizar una participación significativa desde una etapa temprana, cuando todas las opciones aún están abiertas y no se ha tomado una decisión irreversible antes del comienzo de un proyecto. Dicha práctica ha socavado en gran medida la confianza en las autoridades estatales que se perciben como actuando exclusivamente en interés de las empresas. La publicación de una aprobación de una concesión en los periódicos y radios nacionales puede no ser suficiente para informar completamente a todos los titulares de derechos que puedan verse afectados por un proyecto. 

El Grupo de Trabajo enfatiza que la consulta con las comunidades es un aspecto central de la debida diligencia en materia de derechos humanos, tal y como se establece en los Principios Rectores, a fin de identificar de manera temprana las preocupaciones y quejas y comprender mejor los posibles impactos de un proyecto en los pueblos locales y el medio ambiente. Recomendamos que cualquier tipo de consulta y compromiso se realice en la etapa más temprana de un proyecto.  El derecho a participar debe reconocerse como un continuo que requiere una interacción abierta y honesta entre las autoridades públicas, el sector privado y todos los miembros de la sociedad; incluyendo los que corren el mayor riesgo de ser marginados o discriminados, en particular las mujeres, los pueblos indígenas y afro hondureños, así como las personas con discapacidad.   

Tal y como se expone a continuación, cualquier consulta debe proporcionar una explicación de los impactos negativos y positivos de la actividad económica. Esto significa presentar los resultados de los estudios ambientales de manera comprensible para aquellos que carecen de experiencia técnica. Para las empresas, significa participar en la evaluación de impacto social (derechos humanos), junto con el análisis de posibles daños ambientales. En todos los casos, los planes para mitigar los impactos deben desarrollarse y compartirse con todas las partes interesadas relevantes.

El patrón de la falta de participación se agrava en los casos relacionados con las comunidades indígenas, como se ve en los casos de los proyectos hidroeléctricos de Reitoca y Tornillito. El Grupo de Trabajo está preocupado por la posibilidad de la aprobación del nuevo proyecto de la Ley Marco sobre la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado con los pueblos indígenas y afro hondureños presentada al Congreso en mayo de 2018. Según la información recibida, el borrador adolece de grandes deficiencias tanto en la metodología, como en el contenido. El proyecto de ley no refleja las normas internacionales y regionales sobre la consulta y consentimiento. También presenta problemas para garantizar los procesos de consulta adecuados, la representación indígena en las consultas y la capacidad de las instituciones estatales para emprender y supervisar los procesos de consulta.

El Grupo de Trabajo insta al gobierno a implementar las recomendaciones de la Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas tras su visita al país en 2018. Esto incluye el garantizar un proceso de consulta inclusivo para adoptar un marco regulatorio sobre el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas de conformidad con el Convenio sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1989 (núm. 169), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

Como señaló la Relatora Especial, en el caso específico de Agua Zarca y otros proyectos en los que se han producido violaciones similares de los derechos humanos, en ausencia de dicho marco regulatorio, “se deben de considerar para futuras concesiones, otras alternativas que respeten los derechos de los pueblos indígenas."

Observamos con interés que la Secretaría de Energía está consultando con otros Estados para desarrollar directrices y buenas prácticas con respecto a la consulta. Por ejemplo, ha analizado cómo otros países de la región han desarrollado mejores procesos de consulta. También observamos que algunas empresas, después de experimentar los conflictos sociales, han revisado sus procesos para garantizar una mejor consulta como parte de su debida diligencia en materia de derechos humanos.

Evaluación de impacto ambiental y licenciamiento 

Escuchamos repetidamente sobre la falta de transparencia y, por lo tanto, la falta de confianza del sistema actual para prevenir y mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos y el medio ambiente.  Durante varios años, el Estado ha privilegiado una regulación más flexible que rige los sectores extractivos y energéticos para facilitar los procedimientos de otorgamiento de licencias y concesiones. Es urgente garantizar un marco regulatorio firmemente basado en el derecho y las normas internacionales relativos a los derechos humanos, incluidos los Principios Rectores. 

La Ley General del Medio Ambiente (Ley 104/93) ordena a la Secretaría de Medio Ambiente (MiAmbiente) coordinar y regular el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. El reglamento exige que todos los proyectos potencialmente dañinos para el medio ambiente obtengan una licencia ambiental de MiAmbiente. Una clasificación oficial de los proyectos emitida por el Secretario de Medio Ambiente mediante la Resolución 635/2003, exige un estudio de impacto ambiental para los proyectos de categoría 4, que se consideran de mayor riesgo.

Mediante el Decreto 181-2007 (Delegación de Licenciamiento en las Municipalidades), el proceso de concesión y otorgamiento de licencias se descentralizó con el objetivo de simplificar y acelerar los procesos de otorgamiento de licencias orientados a atraer inversiones. Bajo este régimen, la responsabilidad principal de otorgar la licencia ambiental recae en MiAmbiente, y el Congreso firma el contrato final con la empresa.

El Grupo de Trabajo ha escuchado acerca de la falta de estándares claros sobre las calificaciones requeridas para realizar los estudios ambientales y sociales. Hemos aprendido de MiAmbiente que se ha creado una plataforma digital para simplificar el procedimiento para la licencia ambiental y facilitar el acceso a la información. Sin embargo, el Grupo de Trabajo ha escuchado de otras partes interesadas sobre una falta sistemática de acceso a la información.

La opacidad del proceso del otorgamiento de licencias y concesiones puede verse agravada por la posibilidad, bajo la  Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Defensa y Seguridad Nacional  (Decreto Legislativo 418-2013) y los Decretos Ministeriales posteriores del 725-2008 y 1402-2018. Se nos informó que los elementos críticos de los procesos de licencia y concesión, incluida la información contenida en el Estudio de Impacto Ambiental, y la ubicación de los permisos exploratorios pueden clasificarse como "información secreta". Recomendamos al MiAmbiente que garantice el acceso adecuado a la información en todas las etapas de la emisión de las licencias ambientales y las concesiones.  También instamos a las autoridades estatales a firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

En nuestras conversaciones con el sector empresarial, nos dimos cuenta que, en muchos casos, las empresas han obtenido licencias y concesiones para operar de conformidad con las normas legales nacionales sobre licencias y concesiones, incluyendo el requisito de "socializar" el proyecto y el resultado del estudio del impacto ambiental. Sin embargo, nos preocupa la práctica alegada que algunas empresas solo comparten parcialmente la información, centrándose en los beneficios potenciales para algunos que surgirían de un proyecto, incluyendo la creación de empleo y el apoyo de salud y educación para los empleados de la empresa, sin la información adecuada sobre los impactos negativos y las medidas de mitigación.  En un contexto en el que el Estado lucha por cumplir con sus obligaciones en relación con los derechos económicos y sociales, dicha práctica contribuye a enfrentar a los miembros de la comunidad.  

Nos preocupa que el Congreso no ejerza una supervisión al firmar contratos, para garantizar que los impactos sobre los derechos de las personas y el medio ambiente se evalúen y mitiguen de manera transparente, con una participación inclusiva de las personas y grupos afectados. En este sentido, estamos alarmados por el caso del Parque de la Montaña Botaderos, ubicado en la frontera entre los departamentos de Yoro, Colón y Olancho. La Ley de Minería prohíbe otorgar licencias de minería en áreas que están inscritas en el catálogo de áreas protegidas. Sin embargo, el Grupo de Trabajo fue informado sobre la decisión del Congreso de aprobar un Decreto para reducir la zona núcleo del parque de 24,223.7 hectáreas a 24,000 hectáreas, justo antes de que se otorgara la concesión correspondiente.  Como tal cambio en la zonificación coincidió con el territorio donde se presentaron dos concesiones mineras, nos preocupa que el propósito del decreto fuera acomodar las dos concesiones, para que no se ubicaran en la zona núcleo, donde las operaciones están prohibidas. 

Temas de la tierra

La agricultura continúa siendo un gran impulsor del crecimiento económico y Honduras tiene muchos pequeños agricultores que se dedican a la agricultura de pequeña escala y de subsistencia.  Las comunidades indígenas a menudo poseen títulos / escrituras ancestrales colectivas de la tierra. Aproximadamente el 80 por ciento de las tierras de propiedad privada en Honduras no tienen título o están escrituradas incorrectamente. Debido a la debilidad del sistema judicial, puede llevar años resolver las disputas de títulos, y puede haber registros contradictorios debido a la necesidad de modernizar el sistema de registro.   

Durante nuestra visita, aprendimos que el acceso, uso y control sobre la tierra es un problema recurrente a la raíz de muchos conflictos sociales, donde las empresas comerciales están involucradas (directa o indirectamente). El Gobierno nos informó sobre varias medidas tomadas para registrar y adjudicar tierras, incluso en beneficio de los pequeños agricultores y los pueblos indígenas y afro hondureños.

Los agricultores explicaron el impacto que sufren en relación con el acceso y el uso de la tierra y los recursos naturales en el contexto de los proyectos económicos. En este contexto, identificamos algunos patrones recurrentes. Primero, el Gobierno ha estado otorgando títulos de propiedad a empresas en áreas en disputa o áreas utilizadas / controladas por pequeños agricultores, incluidos los pueblos indígenas.  Escuchamos que los campesinos, repentinamente privados de sus únicos medios de vida, a menudo han regresado a la tierra en ausencia de medios de vida alternativos. Posteriormente, las empresas presentarían denuncias judiciales contra ellos.  En el Bajo Aguan, por ejemplo, este patrón alimentó la violencia, con decenas de personas asesinadas, cientos de heridos y cientos arrestados.

En segundo lugar, supimos que el Gobierno ha otorgado licencias de operación en áreas protegidas no núcleo, que afectan el patrimonio cultural y los medios de vida de las comunidades y los pueblos indígenas como en el caso de los pueblos indígenas Tolupanes en San Francisco Locamapa. Recordamos la obligación del Estado de proteger el derecho de los pueblos indígenas a disponer libremente de la tierra y los recursos naturales, incluida la garantía de que se les consulte antes de aprobar estos proyectos. 

En tercer lugar, escuchamos que los numerosos desalojos, que buscan permitir que las empresas operen, se han llevado a cabo con el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército, y en algunos casos con la participación de empresas de seguridad privadas, lo que ha resultado en la pérdida de vidas y graves lesiones a las personas. 

Las empresas deben ejercer la debida diligencia antes de iniciar operaciones en tierras habitadas o utilizadas por las comunidades para su sustento y participar activamente. El Gobierno debería adoptar medidas efectivas contra los desalojos forzosos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y garantizar que las víctimas tengan acceso a un recurso efectivo que les permita la restitución de sus posesiones, el regreso a su hogar o tierra y una indemnización adecuada. Paralelamente, el Gobierno debería establecer un mecanismo independiente dedicado para la mediación y el manejo de los conflictos sociales derivados de la actividad económica, incluidas las disputas sobre tierras, con la capacidad técnica y presupuestaria necesaria.

Derechos Laborales

Muchos hondureños abandonan el país, no solo por inseguridad y violencia, sino por falta de oportunidades económicas viables.  La protección de los derechos laborales es una parte importante para garantizar una fuerza de trabajo estable. Observamos positivamente que el Gobierno, al nivel nacional y local, ha adoptado medidas para mejorar el acceso al mercado laboral y las condiciones laborales en el lugar de trabajo, así como para erradicar el trabajo infantil y regularizar el trabajo informal.

No obstante, el Grupo de Trabajo aún observó que el contexto laboral representa un factor subyacente crítico para la desigualdad económica. Según datos oficiales, el 68.5 por ciento de la población está desempleada o subempleada, entre esos 5.7 por ciento está desempleada, 14.2 per ciento visiblemente subempleada, y 48.6 por ciento invisiblemente subempleada. El salario mínimo no permite un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias. Además, aprendimos sobre condiciones de trabajo extremadamente precarias, incluso en los sectores de la confección, pesquero, agroindustrial y del trabajo doméstico. La persistencia del trabajo infantil es motivo de preocupación urgente: más de 400 000 niños trabajan, principalmente en el sector agrícola. 

Acogemos con beneplácito la adopción de la nueva Ley de Inspección del Trabajo en 2017, que aborda las preocupaciones y debilidades identificadas en el régimen anterior, como la posibilidad de que el empleador rechace una inspección. El sistema de inspección del trabajo se concentra en la Dirección General de Inspecciones del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  El Gobierno nos informó que el número de inspectores aumentó de 98 a 180, y llegaría progresivamente a 300. El aumento de las inspecciones realizadas, y mayores sanciones financieras impuestas por violaciones de los derechos de los trabajadores, como el derecho a formar sindicatos, son pasos importantes para defender los derechos laborales.  Alentamos a la Dirección de Trabajo a evaluar y cobrar sanciones en cumplimiento de la Ley de Inspección y sancionar a las empresas que no respeten los derechos laborales. Alentamos la provisión de recursos adecuados para permitir que la Dirección cumpla con su mandato.

Aprendimos que el pleno disfrute de los derechos de asociación de los trabajadores de formar y unirse a un sindicato, lamentablemente está lejos de ser una realidad. Sigue habiendo mucha preocupación con respecto a la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente en Honduras, incluida la aplicación efectiva de las leyes laborales relacionadas con:

• el derecho de asociación y el derecho de organizarse y negociar colectivamente, específicamente relacionado con las protecciones para miembros y líderes sindicales fundadores, represalias antisindicales, disolución sindical e interferencia del empleador con el derecho de asociarse y negociar colectivamente;
• condiciones de trabajo dignas que incluyen salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional; y
• la edad mínima para el empleo de niños y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil.

En una nota cautelosamente positiva, escuchamos sobre la creciente creación de sindicatos y el diálogo significativo entre empleadores y sindicatos en el sector de la confección de maquiladoras que han llevado a las mismas mejoras.  Esto no significa que los trabajadores de la maquila no tenían preocupaciones sobre sus salarios, o su salud y seguridad ocupacional. También escuchamos de diferentes sectores cierta satisfacción con respecto al Consejo Económico y Social, como mecanismo multisectorial, para ayudar al Gobierno a promover el diálogo. 

Nos alegramos de conocer las medidas tomadas para hacer frente a las deplorables condiciones de trabajo de los buceadores de pesca, principalmente trabajadores indígenas misquitos, en La Mosquitia, incluso a través de la Comisión Interinstitucional dirigida por la Dirección Nacional de Pueblos Indígenas y Afro hondureños. La inspección del trabajo también ha realizado investigaciones periódicas. Sin embargo, escuchamos que se deben tomar acuerdos adicionales más claros y consistentes dentro de la Comisión Interinstitucional para abordar las preocupaciones de salud, seguridad, educación, vivienda para las personas lesionadas y los familiares de los trabajadores fallecidos, con la participación significativa de las partes interesadas.

Derechos de la mujer

Observamos la creación de un marco institucional y normativo sólido sobre los derechos de las mujeres para abordar las diferentes formas de discriminación que sufren las mujeres. Sin embargo, ellas siguen siendo particularmente vulnerables al entorno precario relacionado con el trabajo. La informalidad y el desempleo las golpean con más fuerza y aún persiste la segregación ocupacional horizontal y vertical. Las mujeres representan únicamente el 34.7% de la fuerza laboral, ganan menos que los hombres y están expuestas a condiciones de trabajo extremadamente deficientes, incluso en el sector de la confección y el trabajo doméstico. 

Nos preocuparon especialmente los testimonios de las trabajadoras de la maquila, que están expuestas al estrés físico y mental, incluyendo la repetición de arduas tareas físicas durante largas horas de trabajo para cumplir con altos objetivos de producción. En consecuencia, las que sufrieron angustia y discapacidad debido a sus condiciones de trabajo fueron despedidas. Además, en un país donde la violencia contra las mujeres es desenfrenada, los desplazamientos diarios hacia y desde el trabajo las ponen en mayor riesgo. Esta violencia también impregna el lugar de trabajo, donde las mujeres denuncian acoso y violencia sexual. Además, las mujeres están particularmente en desventaja en comparación con los hombres en términos de acceso a la tierra, crédito financiero y activos agrícolas.  

Transparencia y Corrupción.

Encontramos un amplio acuerdo entre la sociedad civil y algunos representantes del sector privado en torno a que la situación de impunidad y corrupción generalizada ha erosionado la confianza en las instituciones públicas e impedido un crecimiento económico sólido y sostenible. Las quejas relacionadas con las empresas que se confabulan con funcionarios corruptos se ven agravadas por la falta de disposiciones en la legislación actual para tratar los conflictos de intereses entre los funcionarios públicos, con respecto a sus asociaciones comerciales e inversiones, así como a las de sus familiares cercanos. Del mismo modo, señalamos como una grave deficiencia la ausencia de disposiciones vigentes que obliguen a los funcionarios públicos a revelar sus activos e ingresos de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Observamos que existían planes previos para desarrollar un sistema de divulgación de activos e ingresos y registro público, pero esto no se ha materializado. Dado este contexto, recomendamos que Honduras se centre en medidas de transparencia relacionadas con la actividad empresarial que infundirían una mayor confianza en el Congreso y varios departamentos gubernamentales con respecto a su toma de decisiones.

El Grupo de Trabajo acoge con beneplácito los esfuerzos institucionales para fortalecer las capacidades nacionales para enfrentar la corrupción, incluida la creación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) en la Oficina del Fiscal General. Estas medidas se tomaron con el valioso apoyo de la Misión de Apoyo contra Corrupción e impunidad en Honduras (MACCIH). En este contexto, el Grupo de Trabajo considera el trabajo realizado por MACCIH para apoyar y fortalecer las instituciones hondureñas y ayudarlas a prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción como parte fundamental de los esfuerzos para combatir la impunidad.  La Procuraduría General de la República podría considerar la gravedad de un acto de corrupción sobre los abusos de los derechos humanos como un factor agravante para proceder con un caso particular.

El Grupo de Trabajo hace eco del Relator Especial sobre Independencia de Magistrados y Abogados al instar a la renovación del mandato actual de la Misión que expira en enero de 2020, y se hace eco de los llamamientos anteriores para la consolidación y el fortalecimiento de sus funciones, especialmente en el área de investigación y rendición de cuentas.

Unimos nuestra voz a la de los representantes de las empresas y de la sociedad civil a quienes también les preocupa que las enmiendas al Código Penal, que entrarán en vigencia el 10 de noviembre de 2019. Según los informes, reducen las sanciones penales por malversación de fondos, fraude, enriquecimiento ilícito y tráfico de drogas, evitando  potencialmente que algunos funcionarios corruptos no vayan a prisión. Recomendamos que el Congreso posponga la entrada en vigencia del nuevo Código para dar más tiempo a las aportaciones de las demás partes interesadas.

El papel del sector privado en garantizar el respeto de los derechos humanos

En nuestras reuniones con empresas y con las principales asociaciones empresariales como COHEP, ANDI y la Cámara de Comercio de Cortes, observamos que cada una había tomado medidas para socializar a los Principios Rectores entre sus miembros, tanto para empresas más grandes como para pequeñas y medianas empresas. Esto tomó la forma de capacitación, así como la creación de guías y herramientas. Observamos positivamente que la comunidad empresarial comprende que la debida diligencia en materia de derechos humanos, la idea de identificar los impactos negativos de sus operaciones comerciales, ya sea en la minería u otros proyectos, o en las cadenas de valor / suministro, permite prevenir y mitigar mejor esos daños.

Al mismo tiempo, observamos con preocupación que muchos de los representantes de las empresas con los que hablamos confían en el cumplimiento de los requerimientos legales, como la obtención de permisos o concesiones, como el factor clave que les concede el derecho de operar en una comunidad o área determinada. Observamos que, dada la falta de claridad en la legislación existente, así como las instituciones débiles en Honduras, la confianza en la ley no le da a una empresa el consentimiento y la confianza de la comunidad local, que es tan esencial como obtener una licencia. No es suficiente que las empresas simplemente cumplan con la ley; una buena práctica es alinear sus propias operaciones con las buenas prácticas internacionales, incluido el uso de los Principios Rectores y la debida diligencia en materia de derechos humanos, y el desarrollo de prácticas respetuosas y significativas para la consulta. Esto allanará el camino para garantizar la confianza de la sociedad civil en la actividad empresarial y evitar los grandes costos, tanto sociales como económicos, de un prolongado conflicto social.

Notamos que otros actores también tienen un papel importante que desempeñar, incluidas las instituciones financieras internacionales y regionales de desarrollo, y los bancos comerciales, que pueden garantizar que se usen estándares internacionales en proyectos con impactos ambientales y sociales. También observamos que los estados en los que se ubican las empresas que invierten en Honduras deben utilizar su influencia para garantizar que esos inversionistas respeten los derechos humanos en sus actividades comerciales  e  inversiones en Honduras. 

Instamos a las empresas a ver a los defensores no como enemigos, sino como socios valiosos que tienen conocimiento de las condiciones locales y pueden proporcionar a las empresas información sobre el terreno, sobre los posibles impactos de los proyectos y que también pueden ayudar a las empresas a comprender el contexto local. 

Acceso a la Remediación y Rendición de Cuentas

Durante los últimos seis años, Honduras ha participado en varias iniciativas para mejorar el acceso a la justicia y garantizar la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos, incluidos los relacionados con la actividad empresarial. 

Un ejemplo de esto es la creación de La Oficina del Fiscal Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Trabajadores de los Medios y Actores del Sistema de Justicia en 2018, encargado de  investigar amenazas graves para los defensores de derechos dumanos, con el apoyo de cinco fiscales. No está claro en esta etapa temprana qué impacto tendrá esta oficina. Muchos defensores no han presentado quejas por falta de confianza en el proceso. Si bien hay oficinas especiales que investigan delitos ambientales o ciertos delitos que afectan a los pueblos indígenas, los delitos habituales, como el asesinato, son procesados por fiscales regulares (ordinarios). La sociedad civil y los abogados que trabajan con las comunidades y los defensores de derechos humanos señalan que muchos de sus casos a menudo no se investigan, permanecen estancados en la fase de investigación, o se retrasan cuando se transfieren al juzgado. Por otra parte, destacan que el gran volumen de denuncias penales en su contra se procesan en los tribunales sin demora.

Señalamos que el Fiscal General debería considerar la capacitación especializada en materia de empresas y derechos humanos para fiscales centrado en casos de abusos de derechos humanos relacionados con las empresas. Además, la sociedad civil ha pedido el fortalecimiento de estas Oficinas del Fiscal Especial para los Grupos Étnicos y el Patrimonio Cultural y para el Medio Ambiente, en términos de recursos y dotación de personal. Además, la Oficina del Fiscal General también podría considerar una especialización para los fiscales que se ocupan de delitos corporativos relacionados con los derechos humanos.

Tribunales y Poder Judicial

Coincidimos con el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados en sus recomendaciones sobre la revisión del procedimiento para seleccionar y nombrar jueces de la Corte Suprema. La comunidad empresarial y la sociedad civil también han expresado su apoyo a estas recomendaciones. Escuchamos a numerosos interesados sobre la falta generalizada de confianza en el poder judicial. Para la sociedad civil, esto se debe en parte al proceso de selección de los jueces de los tribunales superiores y la percepción de su falta de comprensión de los derechos humanos y la situación de los defensores de derechos humanos. Recomendamos que se imparta capacitación a los jueces para que puedan ocuparse de casos complejos relacionados con las empresas y los derechos humanos, en particular los relativos a los Principios Rectores.

Institución Nacional de Derechos Humanos/ CONADEH

Nos reunimos con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, un órgano constitucional con un fuerte mandato para proteger y promover los derechos humanos en Honduras. CONADEH ha expresado su voluntad de avanzar aún más en los Principios Rectores y el respeto empresarial por los derechos humanos en Honduras.  En nuestras reuniones con la sociedad civil, muchos expresaron una falta de confianza en CONADEH. En 2013, el Subcomité de Acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos rebajó a CONADEH a un "estado B" por incumplimiento de los Principios de París.  Es fundamental que CONADEH fortalezca su mandato y desarrolle una estrategia más proactiva para llegar a los Defensores de Derechos Humanos que buscan protección. La institución debería ser más proactiva y hacer vocal públicamente cuando los Defensores de Derechos Humanos estén en riesgo o sujetos a ataques violentos o la muerte.

Mecanismos de Reclamación de las empresas

Si bien existe preocupación sobre la efectividad de los tribunales y la Oficina del Fiscal General para investigar casos de abusos de derechos humanos relacionados con actividades empresariales, y responsabilizar a los responsables, también es necesario que las empresas proporcionen mecanismos de reclamación más efectivos para los titulares de derechos y las comunidades, de conformidad con el Principio Rector 31. Esto implicaría hacer algo más que socializar proyectos con las comunidades, proporcionando además un mecanismo efectivo para que puedan registrar quejas y agravios, que sea fiable y eficaz. En otros contextos, las empresas han recurrido a instituciones independientes y a terceras partes para proporcionar dichos mecanismos, dada la falta de confianza que los individuos puedan tener en los mecanismos impulsados por una empresa. 

Defensores de Derechos Humanos y Criminalización

Escuchamos historias de que un número significativo de defensores de derechos humanos que trabajan en pro del respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial han sido arrestados, intimidados y algunos de ellos asesinados arbitrariamente. La estigmatización encabezada por funcionarios de alto rango y los medios no solo los debilita, sino que a menudo los expone a mayores riesgos. Están en situación de riesgo en la mayor parte del país y carecen de acceso a la justicia.

Nos ha impresionado la sociedad civil activa y comprometida que opera en todo el país ante estos desafíos sistemáticos.

Escuchamos una serie de testimonios de defensores que informaron haber sido amenazados, atacados por empresas, especialmente en el campo de las industrias extractivas o hidroeléctricas, debido al trabajo en la protección de sus tierras y recursos naturales en el contexto de proyectos de gran escala. Proyectos que no abordan los impactos adversos. Vemos a estas personas como ciudadanos pacíficos que están realmente preocupados por el agotamiento de sus recursos naturales. 

Estamos muy preocupados por la práctica generalizada de criminalizar a los defensores de derechos humanos por su trabajo en derechos humanos, en particular en el contexto del ejercicio de su derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión. La criminalización generalmente se lleva a cabo mediante la presentación de denuncias o reclamaciones infundadas basadas en delitos penales, que pueden no cumplir con el principio de legalidad o cumplir con las normas internacionales de derechos humanos. Someter a los defensores a largos procesos legales es una herramienta para intimidarlos y disuadir sus esfuerzos de defensa.

Alentamos a las autoridades pertinentes a establecer una fuerte cooperación y colaboración con la Oficina del Fiscal Especial para los Derechos Humanos en vista de la naturaleza aparentemente dominante de estos ataques y amenazas. Observamos que otros Estados de la región han desarrollado protocolos para la investigación de cargos penales contra defensores de derechos humanos que exigen un examen más detallado de si los cargos son legítimos o pueden usarse como pretexto para evitar críticas a la actividad empresarial.

Falta de "Rendición de Cuentas”

Si bien el sistema de justicia parece usarse con frecuencia para perseguir casos contra defensores de derechos humanos, lo mismo no parece ser cierto con respecto a la investigación de crímenes cometidos contra defensores.  El Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos informó que 75 defensores de derechos humanos, como periodistas, comunicadores sociales y personal de los medios, fueron asesinados y en solo 6 casos se identificaron autores desde 2001. La impunidad y la falta de investigación de los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas siguen siendo la regla, más que la excepción. Siete indiciduos, considerados como autores materiales del asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, han sido condenadas, pero aún no han recibido sentencia, y el enjuiciamiento de un autor intelectual del crimen está esperando su juicio. Este es el ejemplo de una justicia demorada y muchos más casos parecen estancados o nunca investigados.

Sistema Nacional de Protección

En 2015, el Congreso hondureño adoptó una ley para la protección de defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia. Con el apoyo de los defensores de derechos humanos y la sociedad civil, esta ley condujo al establecimiento del Mecanismo de Protección Nacional. La adopción de la ley y el mecanismo representa un avance histórico para la protección de los defensores de derechos humanos en Honduras. Encomiamos al Gobierno por la creación de un mecanismo de protección dedicado a los defensores de derechos humanos, incluidos líderes sindicales, periodistas y abogados. De igual manera, el Sistema Nacional de Protección ha sido un compromiso de todas las instituciones que integran el Consejo Nacional de Protección. Todas estas instituciones deberían ser fortalecidas y dotadas de más recursos, incluyendo para el desarrollo de protocolos  para evaluaciones de riesgos que tengan en cuenta el género y los pueblos indígenas.

Código Penal

Preocupa la aprobación por parte del Congreso de la enmienda sobre terrorismo del nuevo Código Penal, que define las "asociaciones terroristas" como cualquier grupo de dos o más personas que cometan un delito con la intención de "subvertir gravemente el orden constitucional, afectando gravemente la paz pública o provocar un estado de terror en la población o cualquier parte de ella”. La terminología vaga y amplia puede criminalizar a las personas que ejercen su derecho a la libertad de expresión, y de reunión y asociación. Nos preocupa el impacto que estos nuevos artículos puedan tener en los defensores de derechos humanos y su trabajo legítimo.  Reiteramos el llamado a retrasar la implementación del nuevo Código.

Desarrollo de un Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos

Agradecemos la voluntad del Gobierno de desarrollar un Plan de Acción Nacional sobre las Empresas y los Derechos Humanos. También notamos positivamente la precaución tomada por parte del gobierno para participar paso a paso en este proceso, reconociendo que primero esto requiere generar confianza como una condición previa para la participación de múltiples actores y esto lleva tiempo. Recomendamos que cada paso y sus resultados se desarrollen de manera transparente e inclusiva. El Gobierno también debería reconocer plenamente que algunos de los actores clave en este proceso continúan sufriendo criminalización sistemática y violencia en los conflictos sociales en los que están involucradas las empresas. Por lo tanto, para reconstruir la confianza, el Gobierno debe tomar medidas concretas para abordar estos problemas.

Al concluir, una vez más agradecemos al Gobierno por su invitación a visitar y proporcionar recomendaciones sobre cómo mejorar el respeto de los derechos humanos por las empresas en Honduras.