Guatemala: El Congreso no debe aprobar una ley de "amnistía" por violaciones de derechos humanos, dicen expertos de la ONU

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GINEBRA (11 de marzo de 2019) – Expertos en derechos humanos de la ONU* instan al Congreso de Guatemala a no aprobar una iniciativa de ley que establece una amnistía general para las violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

La iniciativa de ley busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, la cual ha sido la base para los juicios por violaciones de derechos humanos en el país desde los acuerdos de paz de 1996, y establecería un mecanismo automático para extinguir la responsabilidad penal de todos los responsables de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante ese período.

"La aprobación de estas reformas afectaría seriamente los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. También podría conducir a represalias y ataques contra víctimas, jueces, fiscales, abogados, demandantes, testigos, peritos y otras personas involucradas en juicios de derechos humanos, poniendo en riesgo su propia seguridad y la de sus familias", dijeron los expertos.

"La impunidad en relación con esas violaciones puede contribuir a la repetición de las violaciones y a la creación de círculos viciosos de violencia”.

"Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos excluyentes de responsabilidad son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros. La falta de investigación y enjuiciamiento de tales violaciones constituye una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos", dijeron los expertos.

En virtud de la iniciativa de ley, toda persona declarada culpable de haber cometido un delito en el conflicto armado interno, incluidas las violaciones graves de los derechos humanos, quedaría impune. Del mismo modo, toda persona que haya sido juzgada o esté implicada en un proceso penal por tales actos debe ser puesta en libertad en un plazo de 24 horas.

La iniciativa de ley se presentó al Congreso el 6 de noviembre de 2017 y se discutió en un segundo debate el 6 de marzo de 2019. Para ser aprobado, debe pasar por un tercer debate. El Congreso podría avanzar con su aprobación en los próximos días.

Los expertos notaron con profunda preocupación que la medida, conocida como iniciativa de ley 5377, se inscribiría en una estrategia más amplia para evitar o revertir los progresos alcanzados en la lucha contra la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala, que afectó mayoritariamente a pueblos indígenas, menoscabando los esfuerzos desarrollados por el sistema de justicia en el país.

Los expertos ya realizaron una advertencia en una comunicación del 6 de abril de 2018, en la que afirmaron que la adopción de dicha iniciativa de ley constituiría un grave retroceso para el sistema de justicia, el estado de derecho y la lucha contra la impunidad por las graves violaciones de los derechos humanos en Guatemala.

FIN

(*) Los expertos de la ONU: el Sr. Fabián Salvioli (Argentina), Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la Sra. Agnès Callamard (Francia), Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la Sra. Victoria Tauli Corpuz (Filipinas), Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; el Sr. Nils Melzer (Suiza), Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; la Sra. Dubravka Šimonović (Croacia), Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; y la Sra. Cecilia Jiménez-Damary (Filipinas), Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos. 

Los Relatores Especiales forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. 

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