Bachelet insta a los legisladores salvadoreños a abstenerse de restablecer la amnistía para graves violaciones a los derechos de derechos humanos

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GINEBRA (6 de marzo de 2019) – La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió el miércoles de que el anteproyecto de ley sobre Reconciliación Nacional que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa salvadoreña restablecería a la práctica una “amnistía absoluta e incondicional” para algunas de las serias violaciones de derechos humanos cometidas en El Salvador durante el conflicto armado de 1980 a 1992.

“Si esta ley se aprueba, se amnistiaría a responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se vulneraría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación, y eso sería un grave revés para El Salvador”, afirmó la Alta Comisionada. “Las amnistías para los delitos más serios, incluyendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, son contrarias a la ley internacional”.

El proyecto de ley fue propuesto por el presidente de una comisión “ad hoc” de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Esta comisión se estableció en respuesta a un fallo que el Tribunal Supremo dictó en julio de 2016, en el que se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993. El Tribunal ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborase antes de julio de 2019 una nueva ley de reconciliación nacional que garantizara la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas, y que ofreciera garantías de que esos delitos no se repetirían.

“En lugar de lograr estos objetivos cruciales, el anteproyecto presentado podría impedir que los derechos de las víctimas se cumplan”, declaró Bachelet. “Y al otorgar impunidad a los autores de delitos muy graves, aumentaría la probabilidad de que esos hechos se repitiesen”, añadió.

El texto del anteproyecto contiene cláusulas que impedirían la investigación, el encausamiento y la sanción de graves delitos perpetrados durante el conflicto y que privarían a las víctimas del pleno acceso a la justicia, mediante la instauración de procedimientos engorrosos, estatutos de limitación y plazos que restringirían las investigaciones penales. Asimismo, suprimiría completamente las penas de prisión.

Según la Comisión de la Verdad, creada en el marco del acuerdo de paz que puso fin al sangriento conflicto de 12 años, más de 75.000 personas fueron asesinadas durante el conflicto interno en El Salvador. Hasta 2016, los responsables de esas graves violaciones de derechos humanos gozaron de una impunidad casi total.

El fallo emitido por el Tribunal Supremo en 2016 propició importantes avances en materia de justicia de transición, incluida la adopción por la Oficina del Fiscal General de una normativa para encausar los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Se incoaron investigaciones, pero hasta ahora ninguna ha llegado a la fase de juicio oral. Un caso emblemático, que se encuentra sujeto a investigación y proceso previo de instrucción, atañe a la masacre de El Mozote y municipios aledaños e involucra a 18 oficiales de las fuerzas armadas vinculados con la matanza de casi mil personas, en lo que se cree fue la mayor masacre perpetrada en América Central en el decenio de 1980. En virtud del fallo del Tribunal Supremo, las autoridades crearon una comisión para ayudar a localizar a las personas desaparecidas durante el conflicto.

“Esos fueron avances importantes, pendientes desde hacía tiempo, hacia el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. La rendición de cuentas es fundamental para ayudar a que la sociedad supere las terribles consecuencias del conflicto, para asegurar que nunca más vuelvan a ocurrir, y para permitir que el Estado de Derecho se arraigue” dijo la Alta Comisionada.

“Exhorto a los legisladores a que aprovechen la oportunidad histórica de crear condiciones para la reconciliación, mediante la aprobación de una ley que permita la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición en beneficio de las víctimas. Mi Oficina está dispuesta a proporcionar asistencia técnica al respecto”, agregó.

FIN

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