GINEBRA (13 de febrero de 2017) – Un grupo de expertos* en derechos humanos de las Naciones Unidas instó hoy a los diputados guatemaltecos a aprovechar la oportunidad histórica que representa la aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia, contenida en la iniciativa 5179.

La reforma constitucional busca mejorar el acceso a la justicia, en especial para las mujeres y los pueblos indígenas; fortalecer la independencia e imparcialidad del Poder Judicial mediante la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia; despolitizar la selección de funcionarios judiciales; y reconocer constitucionalmente la jurisdicción indígena.

“Exhortamos al Congreso de la República a preservar el objetivo y espíritu original de la reforma constitucional, y a no menoscabar su integralidad y el  carácter participativo e inclusivo del proceso que contó con los aportes de diversos sectores de la población”, señalaron los expertos.

“Pedimos a los legisladores que en las discusiones y aprobación final de la reforma constitucional se dé una respuesta adecuada a las necesidades identificadas para el fortalecimiento efectivo del sistema de justicia”, dijeron.

Los expertos recalcaron que cada uno de los temas planteados en la reforma constitucional “debe ser aprobado conforme a las obligaciones internacionales que el Estado ha adquirido en materia de derechos humanos y a las recomendaciones de los mecanismos de protección de los derechos humanos”.

La Relatora Especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, alentó de manera especial a los diputados “a asegurar que la disposición relativa a la jurisdicción indígena no tenga ningún efecto perjudicial sobre los pueblos indígenas”.
 
“La resolución que se apruebe debe proteger, en vez limitar o reducir, los derechos de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su sistema de justicia”, enfatizó la Sra. Tauli-Corpuz.

Asimismo, los expertos indicaron que la reforma debe asegurar, dentro de las  garantías y principios del sistema de administración de justicia, el respeto a la pluriculturalidad e igualdad de género en el acceso al sistema de justicia y a las carreras profesionales, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

“Guatemala tiene la obligación de exponer y eliminar las barreras sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de género, que impiden a las mujeres ejercer y reivindicar sus derechos, y dificultan su acceso a recursos eficaces”, subrayó  Alda Facio, actual presidente del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.

“La discriminación contra las mujeres, basada en los estereotipos de género, el estigma, las normas culturales perjudiciales y patriarcales, y la violencia de género, tiene un impacto negativo en la capacidad de las mujeres de acceder a la justicia en igualdad de condiciones con los hombres”, dijo.

Por su parte, el nuevo el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, afirmó que “la reforma debe contribuir a garantizar constitucionalmente la carrera profesional y establecer  mecanismos de selección de funcionarios del sistema de justicia que eliminen el riesgo de politización y conflicto  de intereses”.

“Es imprescindible que el modelo de separación de funciones administrativas y jurisdiccionales de la Corte Suprema de Justicia que sea aprobado garantice plenamente la independencia e imparcialidad en el poder judicial”, concluyó el Sr. García-Sayán.   

La exhortación de los expertos a los legisladores guatemaltecos cuenta también con el respaldo del Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, Mutuma Ruteere.

(*) La Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas; la Sra. Alda Facio, actual presidente del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; el Sr. Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados; y el Sr. Mutuma Ruteere, Relator Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

ONU Derechos Humanos, página de país: Guatemala

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