Los ‘Bahamas leaks’: ¿Qué más hay que saber para tomar medidas? Preguntan expertos en derechos humanos de la ONU

GINEBRA (6 de octubre de 2016) – Los gobiernos deben acabar con el secreto de los paraísos fiscales y combatir la evasión fiscal facilitada por las jurisdicciones extraterritoriales, señalaron hoy tres expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas tras las revelaciones sobre el generalizado uso indebido de cuentas bancarias en paraísos fiscales por parte de servicios financieros e individuos acaudalados en las Bahamas.

El experto independiente de la ONU sobre la deuda externa y los derechos humanos, Juan Pablo Bohoslavsky, y dos miembros del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, Jean Ziegler y Obiora Okafor, exortaron a los gobiernos a actuar en concierto y establecer un órgano de la ONU para eliminar el secreto de los paraísos fiscales y el fraude y la evasión fiscal que se lleva a cabo en los mismos.

“Si bien las estructuras en los paraísos fiscales pueden ser el resultado de una actividad comercial legítima, se estima que hay individuos que retienen entre US$7 y US$25 billones de dólares de riqueza en ese tipo de cuentas, y que los ingresos tributarios perdidos por muchos países podrían ascender a cientos de miles de millones de dólares al año.

Cuando individuos y corporaciones esconden activos no declarados en el extranjero para eludir los impuestos o blanquear dinero, están de hecho robándo esos fondos a la sociedad. Los beneficios de estas actividades ilícitas pueden y deben destinarse financiar servicios públicos, tales como sanidad, vivienda, escuelas, infraestructura de transporte, seguridad social, mantenimiento del orden público y tribunales.

Hay que recordar que las corrientes financieras ilícitas* incluyen fondos que, aprovechando los vacíos legales y otros artificios, eluden el espíritu de la ley, esto incluye, por ejemplo, las operaciones de evasión fiscal que se ven facilitadas por el uso de sociedades situadas en paraísos fiscales.

Gracias al trabajo del periodismo de investigación, los contribuyentes están ahora conscientes de estas estrategias inmorales e ilegales, y son capaces de entender la medida en la que el fraude fiscal socava los derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados deben demostrar que toman en serio el interés de miles de millones de personas en todo el mundo, las cuales sufren la pérdida de servicios públicos a causa de la falta generalizada de ética en materia fiscal.

Es hora de que las Naciones Unidas adopten medidas eficaces para prevenir las actividades ilegales de las empresas offshore situadas en paraísos fiscales. La justicia tributaria mundial y el éxito de la lucha contra el blanqueo de dinero no serán posibles a menos que los Estados cooperen en el control y la regulación de las actividades fiscales de las empresas situadas en paraísos fiscales.

Es necesario que haya transparencia y que se rindan cuentas con respecto a las actividades financieras en los paraísos fiscales. Los Estados deben establecer niveles mínimos de imposición fiscal uniforme, para evitar que individuos y entidades comerciales puedan elegir a su antojo las tasas impositivas más bajas posibles.

La divulgación pública de información sobre la propiedad efectiva debe hacerse obligatoria por ley en todos los países, y la transparencia financiera de todas las jurisdicciones bancarias debería clasificarse en un informe público anual realizado por expertos independientes designados por las Naciones Unidas. Dicha clasificación debería basarse en un conjunto de criterios establecidos y transparentes.

Se debe requerir a los Estados y a las instituciones financieras que compartan de manera automática información con las autoridades fiscales extranjeras con el fin de detectar las rentas que se encuentran en jurisdicciones extraterritoriales y que son imponibles.

De este modo, se podrá eliminar el secreto y el anonimato que envuelve a la actividad financiera ilícita en los paraísos fiscales, y los recursos en cuestión destinarse al progreso común y ser devueltos a sus legítimos propietarios: el conjunto de la sociedad”.

(*) Vea el informe del Experto Independiente sobre las corrientes financieras ilícitas: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/31/61

El Sr. Juan Pablo Bohoslavsky (Argentina) es parte de lo que se conoce como los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los procedimientos Especiales, constituyen el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es la denominación genérica que se da a los mecanismos independientes para la determinación de hechos y de control del Consejo y que se ocupan de situaciones de países específicos o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no forman parte del personal de la ONU y no reciben salario alguno por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información consulte:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/IEDebt/Pages/IEDebtIndex.aspx

El Sr. Jean Ziegler (Suiza) y el Sr. Obiora Okafor (Nigeria) son miembros del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos y co-relatores de estudio del Comité Consultivo sobre el impacto negativo de la no repatriación de fondos de origen ilícito en el disfrute de los derechos humanos, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2017. El Comité Consultivo está integrado por 18 expertos que actúan a título personal, el mismo fue establecido para funcionar como un centro de discusión y de fábrica de ideas al servicio del Consejo. Trabaja bajo su dirección, aportando asesoramiento basado en la investigación y se reúne dos veces al año. Para obtener más información, visite: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/AdvisoryCommittee/Pages/AboutAC.aspx

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