Comunicado de prensa sobre Iraq, Arabia Saudita, Kenya, Myanmar y Hungría

Portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos : Rupert Colville
Lugar: Ginebra
Fecha: 5 de julio de 2016
Tema: (1) Iraq, (2) Iraq, (3) Arabia Saudita, (4) Kenya, (5) Myanmar y (6) Hungría

(1) Iraq

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, dará a conocer en breve un comunicado de prensa sobre Iraq.

(2) Arabia Saudita

El Alto Comisionado lamenta profundamente el ataque con explosivos ocurrido ayer en las cercanías de la Mezquita del Profeta, en Medina (Arabia Saudita). Este es uno de los lugares más sagrados del islam y el hecho de que ese ataque tuviera lugar allí durante el mes de Ramadán, puede considerarse como una agresión directa a los musulmanes del mundo entero. La importancia de este ataque no puede medirse simplemente en términos de los cuatro policías que, según los informes, resultaron muertos y en los daños físicos causados. Se trata de una agresión contra la religión en sí.   

Según se informó, ayer hubo al menos otros dos ataques con explosivos en Arabia Saudita, uno en Qatif, en el extremo este del país, y otro en Jeddah. Transmitimos nuestro pésame a los familiares de las víctimas y a quienes resultaron heridos en este ataque terrorista, similar a los que ocurren casi a diario en cualquier lugar del mundo.

(3) Kenya

Condenamos los asesinatos de Willie Kimani, abogado kenyano experto en derechos humanos, de su cliente Josphat Mwenda y del taxista Joseph Muiruri, ocurridos el 23 de junio pasado, en el contexto de continuas denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes de policía.   

Los tres hombres desaparecieron después de que los Srs. Kimani y Mwenda asistieran a una vista judicial en Mavoko, a unos 30 km. al este de Nairobi, en un caso en el que está involucrado un funcionario de la policía administrativa. En abril de 2015, el Sr. Mwenda había resultado herido por disparos que realizó este oficial de policía y luego fue acusado de delitos ficticios. El Sr. Kimani, que colaboraba con la ONG International Justice Mission, prestaba asistencia letrada al Sr. Mwenda en relación con este caso. Según se informa, el Sr. Mwenda había recibido amenazas y mensajes intimidatorios en los días previos a la vista judicial.

Según informes recibidos, los dos hombres y el taxista que les conducía fueron detenidos por breve tiempo dentro de un contenedor situado en un edificio de la policía, antes de ser ejecutados. El 30 de junio, sus cadáveres, que según se informa mostraban marcas de tortura, se encontraron en un río, al noreste de Nairobi.

El fiscal general de Kenya declaró que no se ahorrarían esfuerzos para identificar a los autores de estos asesinatos y el inspector general de la policía anunció que se realizaría una investigación exhaustiva. Hasta el momento, hay tres funcionarios de policía arrestados. Una grata novedad en la estela de este terrible crimen es la promesa que formuló ayer el fiscal general, en el sentido de que la ley de prevención de la tortura se someterá al parlamento en los próximos 28 días.

Es indispensable que se esclarezca totalmente lo ocurrido y se determinen las responsabilidades en lo tocante a estos atroces asesinatos. Asimismo, instamos a las autoridades de Kenya a que redoblen sus esfuerzos con miras a lograr la rendición de cuentas y a que adopten medidas urgentes para evitar las ejecuciones extrajudiciales, la brutalidad policial y otras violaciones graves de derechos humanos. Kenya se comprometió a tomar estas medidas, incluso durante el Examen Periódico Universal del año pasado, y las mismas son esenciales para restaurar la confianza antes de las elecciones que se celebrarán el próximo año. También exhortamos a las autoridades del país a que garanticen un contexto seguro y propicio, en el que la sociedad civil pueda operar con libertad y sin miedo.

Según algunas fuentes cercanas a las ONG, hasta 53 personas habrían sido ejecutadas de manera sumarísima por las fuerzas de policía, entre enero y abril de 2016. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenya documentó también 25 casos de ejecuciones extrajudiciales y 81 casos de “desapariciones forzadas” cometidos por la policía y otros cuerpos de seguridad, en el contexto de las operaciones antiterroristas realizadas entre 2013 y 2015.

(4) Myanmar

Estamos preocupados por dos sucesos importantes de violencia colectiva perpetrados contra la comunidad musulmana de Myanmar en un plazo de apenas ocho días. El viernes pasado, una turba incendió una mezquita situada en el pueblo de Hpakant, en el Estado de Kachin; una semana antes, el 23 de junio, otra multitud había atacado y destruido parcialmente una mezquita y otros bienes en la aldea de Thaye Thamain, en la región de Bago.

Nos preocupan especialmente los informes relativos a que las fuerzas de  policía estaban presentes en la mezquita de Hpakant, pero no actuaron para evitar su destrucción, y que las autoridades de Bago no han iniciado ninguna investigación criminal en relación con el incidente ocurrido allí.   

Pedimos al gobierno de Myanmar que investigue de manera rápida y exhaustiva ambos incidentes y que examine también la respuesta de las autoridades locales. Estos hechos, perpetrados por turbas violentas, podrían desatar un nuevo ciclo de hostilidad en el país, por lo que instamos al gobierno a que adopte de inmediato las medidas necesarias para prevenir nuevos incidentes de intolerancia religiosa.

La ausencia de investigación y de proceso judicial en relación con estos delitos podría interpretarse como un mensaje preocupante, en el sentido de que las agresiones contra las minorías religiosas podrían quedar impunes. El gobierno debe enviar una señal inequívoca de que todos los ciudadanos tienen que respetar el Estado de derecho y que deben terminar los incidentes en contra de los musulmanes y otras minorías confesionales.

Tal como señaló el Alto Comisionado en el informe sobre la situación de las minorías en Myanmar que presentó recientemente al Consejo de Derechos Humanos**, deben llevarse a cabo todos los esfuerzos posibles para evitar y contrarrestar los actos de discriminación, incitación al odio y violencia.
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** Si desea consultar el texto íntegro del informe, sírvase visitar la página web:
http://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/regular-sessions/session32/list-reports

(5) Hungría

Nos preocupa la entrada en vigor, hoy 5 de julio, de una ley que autoriza a la policía húngara a escoltar a los inmigrantes en situación irregular que se encuentren en una franja de ocho kilómetros a lo largo de la frontera con Serbia hasta los puntos de tránsito fronterizos.

Nos preocupa que el texto de la ley deja mucho margen a la interpretación, lo que puede traducirse en que los órganos de cumplimiento de la ley no respeten los derechos humanos de los migrantes y violen el derecho internacional, al expulsarlos sin ningún procedimiento jurídico.

Habida cuenta de que ya hay cientos de personas que esperan en la franja de terreno que separa los puntos de control de pasaportes del lado serbio y la frontera de alambre de púas del lado húngaro, tememos también que esta medida sólo contribuya a empeorar las inhumanas y desesperadas condiciones existentes en la zona fronteriza.

En un discurso pronunciado ante un grupo de nuevos oficiales de policía durante una ceremonia celebrada en Budapest, el comisionado nacional adjunto de policía János Balogh dijo ayer que la nueva ley “proporciona a la policía una nueva oportunidad para actuar” y afirmó además que la policía húngara tiene objetivos similares a los del equipo nacional de fútbol en el campeonato europeo de 2016, a saber, “mantener al enemigo lo más lejos posible de nuestra portería”.  

Estos inquietantes comentarios se formularon en la estela de diversos informes que señalaban que la policía húngara estaba expulsando a los migrantes. La noche del 30 de mayo al 1 de junio, un inmigrante sirio se ahogó en el río Tisza, después de que, presuntamente, fuera obligado por la policía a regresar a Serbia, mediante el uso de gas mostaza contra un grupo de ocho migrantes que acaban de cruzar la frontera en una barca. Según los informes, la policía también les lanzó piedras cuando trataban regresar a nado a la ribera serbia del río.

También nos causa gran inquietud la sentencia dictada por un tribunal húngaro el 1 de julio contra 10 inmigrantes, por haber cruzado ilegalmente la valla fronteriza, que las autoridades húngaras levantaron en las lindes con Serbia en septiembre de 2015.

Nueve de los diez migrantes fueron condenados a un año de cárcel, pero fueron puestos en libertad por diversas razones, mientras que el décimo recibió una condena de tres años de prisión. Hasta el momento, unas 2.800 personas han sido procesadas por las cortes en virtud de la ley de septiembre de 2015.

Para recibir información adicional o solicitar material de prensa, puede ponerse en contacto con Rupert Colville (+41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org) or Cécile Pouilly (+41 22 917 9310 / cpouilly@ohchr.org)

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