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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Comunicado de prensa sobre Mozambique y Nigeria

Comunicado de prensa: Mozambique y Nigeria

29 abril 2016

Portavoz del El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos : Rupert Colville
Lugar:
Ginebra
Temas:  
(1)  Mozambique &  (2) Nigeria 
Fecha:
29 de abril de 2016

(1)   Mozambique

Hemos recibido inquietantes informaciones sobre choques armados que tienen lugar actualmente en Mozambique, entre fuerzas de seguridad nacional y miembros de la organización Renamo, el antiguo grupo rebelde que 1992 se convirtió en el principal partido de la oposición, al concluir la guerra civil que había durado 16 años. Asimismo se han recibido informes sobre violaciones de derechos humanos, entre otras, de varios casos de desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias.

En los últimos meses han aumentado las tensiones en Mozambique, después de que Renamo rechazara los resultados de las elecciones legislativas de 2014 y anunciara su intención de tomar el poder en seis de las 11 provincias del país. Las operaciones militares que el ejército realiza contra Renamo han afectado sobre todo a la provincia de Tete, pero, al parecer, los choques armados se han extendido también a otras provincias, entre ellas Sofala, Zambezia, Nampula y Manica. Según el ACNUR, unas 10.000 personas han huido del país desde diciembre de 2015.

Se ha acusado a las fuerzas de seguridad de haber cometido ejecuciones sumarias, actos de pillaje, destrucción de propiedades, violaciones, malos tratos y otras violaciones de derechos humanos. Según fuentes dignas de crédito, desde principios de este año al menos 14 funcionarios locales miembros de Renamo han sido asesinados o secuestrados por personas o grupos no identificados. El 20 de enero se produjo un intento de asesinar al Secretario General de Renamo y miembro del Parlamento, el Sr. Manuel Bissopo.

También a Renamo se le atribuyen ataques contra las fuerzas de policía y el ejército.

Según los informes, miembros de Renamo han cometido violaciones de derechos humanos y abusos contra civiles que consideran vinculados al partido gobernante, el Frelimo, o sospechosos de colaborar con las fuerzas de seguridad. Algunos militantes de Renamo han sido acusados de actuar como francotiradores junto a determinadas carreteras y de realizar disparos que han causado víctimas, varias de las cuales eran civiles.

Al parecer, la ausencia de rendición de cuentas por anteriores abusos y violaciones de derechos humanos es un elemento fundamental del deterioro de la situación. Nos preocupa especialmente el asesinato del fiscal Marcelino Vilankulo, ocurrido el pasado 1 de abril, y la falta de progreso en la investigación del asesinato en marzo de 2015 de Gilles Cistac, un profesor de derecho que había denunciado el fraude electoral.    

Por otra parte, estamos alarmados también por informes recientes sobre el acoso y las amenazas a los defensores de derechos humanos que pidieron manifestaciones públicas en pro de la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de los recursos públicos.

El anuncio formulado por el Jefe de la Policía el 25 de abril, en el sentido de que cualquier protesta pública sería reprimida, es motivo de grave preocupación. Con vistas a las manifestaciones convocadas para hoy, mañana y la semana próxima, instamos al gobierno a que cumpla con su obligación de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

También exhortamos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a que procedan con la máxima moderación en la tarea de mantener el orden público y que cumplan en todo momento con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y con las normas internacionales relativas a la labor policial*.  
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* El comportamiento de los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley ha sido objeto específico de diversas normas y reglamentos internacionales, entre otros los Principios básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y el Código de conducta de las Naciones Unidas para funcionarios  encargados de hacer cumplir la ley.

(2)   Nigeria

Hemos recibido informes acerca de un ataque mortífero que se produjo el lunes a primera hora de la mañana contra varias comunidades del Estado meridional de Enugu, (Nigeria), que fue obra de pastores armados de la etnia fulani y milicianos aliados a estos grupos.

Aunque en el pasado el aumento de la rivalidad por los recursos naturales entre pastores y agricultores dio lugar a numerosos incidentes, el ataque ocurrido el lunes parece haber sido uno de los más graves de los últimos años. Todavía se ignora el número exacto de víctimas, pero fuentes locales indican que al menos 40 personas murieron durante la agresión, que parece haber sido una operación bien preparada, realizada por unos 500 hombres, armados de pistolas, arcos y machetes, en el municipio de Uzo-Uwani. Los agresores incendiaron además varias viviendas y una iglesia.

Recibimos con beneplácito el anuncio de las autoridades nigerianas de que han iniciado una investigación y han destacado fuerzas de seguridad suplementarias en la comarca.

Pero nos preocupan sobremanera los informes sobre el hecho de que las autoridades de la zona habían recibido un aviso previo de que podría ocurrir un ataque y que no tomaron medidas al respecto.

Asimismo nos preocupa la total impunidad de que hasta ahora disfrutan los autores de ataques precedentes, entre ellos el que ocurrió en el Estado de Benue en febrero pasado, que según los informes destruyó pueblos enteros en 13 municipios, causó la muerte de más de 300 personas y produjo 20.000 desplazados internos.

Pedimos al gobierno de Nigeria que garantice la seguridad de todos sus ciudadanos, en pleno cumplimiento de las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, y que vele por que se haga justicia en los casos de violaciones graves de derechos humanos ocurridas anteriormente. La exigencia de responsabilidades a los autores de esos hechos es ahora más urgente, porque algunas de las comunidades amenazadas se plantean la posibilidad de tomar la justicia por sus propias manos.  

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