Declaración de Marta Valiñas, presidenta de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos

Excelencias,
Distinguidas y distinguidos delegadas y delegados,
Señoras y señores,

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela se complace en presentar el informe de su trabajo, de conformidad con la resolución 45/20 del Consejo de Derechos Humanos. La Misión concluye ahora su segundo mandato y su tercer año de trabajo.

El presente informe va acompañado de dos documentos ampliados, que contienen las conclusiones detalladas de la Misión sobre dos temas que requerían un análisis más profundo según lo que se estableció en ocasiones anteriores. Por un lado, la comisión de crímenes de lesa humanidad a través de los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir la oposición; y por el otro, la situación particular en las regiones mineras del sur del país.

Para la presente investigación, la Misión realizó entrevistas a 245 personas durante el presente ciclo (142 hombres,101 mujeres y 2 otros). Fueron hechas tanto en persona como a distancia por medio de conexiones telefónicas o de vídeo seguras. Dada la falta de autorización para realizar investigaciones en el territorio venezolano, la Misión llevó adelante dos misiones a zonas cercanas a las fronteras. Además, la Misión también incluyó la información de las casi 400 entrevistas realizadas durante sus investigaciones anteriores, siempre y cuando fuera pertinente.

Señor presidente,

En nuestro informe de 2020, identificamos seis estructuras del Estado como responsables principales de una variedad de delitos y violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión de la disidencia, por parte del Gobierno. Dos agencias de inteligencia del Estado, la agencia militar, DGCIM, y la agencia civil, SEBIN se encontraban entre las seis identificadas. Documentamos cómo ambas agencias cometieron violaciones a los derechos humanos que equivalen a crímenes de lesa humanidad. Entre estos se incluyen la tortura y otros malos tratos, la violencia sexual y de género, las desapariciones forzadas de corta duración y las detenciones arbitrarias.

El informe que presentamos hoy proporciona una investigación más profunda de las dos agencias, sus jerarquías internas y sus modus operandi. También hemos investigado los roles de individuos específicos que, desde ambas agencias, realizaban y facilitaban la comisión de abusos a los derechos humanos. Entre estos se incluyen funcionarios que van desde los niveles más bajos hasta los más altos. Tanto el SEBIN como la DGCIM tienen cadenas de mando internas claras y en funcionamiento. Los oficiales de alto nivel reportan directamente a las autoridades de más alto nivel del país.

En cuanto a la DGCIM, la Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la mencionada agencia. La gran mayoría eran miembros actuales o anteriores de las fuerzas armadas, o personas asociadas con ellas. La DGCIM llevó a cabo torturas en su centro de detención “La Boleíta” en Caracas además de los centros clandestinos de detención que existen a lo largo del país.

SEBIN, la agencia de inteligencia civil de Venezuela ha desempeñado un papel clave en el arresto y la detención de opositores reales o percibidos como tales por el gobierno, incluyendo opositores, periodistas, defensores de los derechos humanos y manifestantes. La gran mayoría de los detenidos han estado recluidos en el centro de detención “El Helicoide” en Caracas, en donde se practicaba de modo generalizado la tortura.

Tanto el SEBIN como la DGCIM utilizaron la violencia sexual y de género contra los detenidos, ya sea, aplicando descargas eléctricas en sus genitales o violaciones, para coaccionarlos y humillarlos.

La investigación de la Misión ha demostrado que estos crímenes no fueron cometidos por individuos sin escrúpulos que actuaban, fuera de control, de manera inconexa dentro de estas agencias. Antes bien, la DGCIM y el SEBIN forman parte de una maquinaria diseñada y desplegada para la ejecución de un plan del gobierno que tiene por objeto reprimir a los opositores y así consolidar el control del poder. Este plan fue orquestado desde el más alto nivel político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y apoyado por otras autoridades de alto nivel.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de ambas agencias continúan hasta hoy día y han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. El puñado de funcionarios de inteligencia que han tenido que rendir cuentas han sido de bajo rango y sin responsabilidad de mando. No ha habido esfuerzos significativos por parte de las autoridades venezolanas para lograr que los perpetradores rindan cuentas de una manera que aborde el carácter sistemático y generalizado de las violaciones y brinde justicia y reparación a las víctimas. Las reformas judiciales anunciadas a partir de 2021 no tienen entidad para corregir la falta de imparcialidad e independencia del sistema de justicia.

En este contexto de impunidad, hemos desarrollado investigaciones detallados con respecto a funcionarios tanto de la DGCIM y el SEBIN. Tenemos motivos razonables para creer que estas personas son responsables de crímenes y violaciones de derechos humanos y deben ser investigadas.

Señor presidente,

El segundo informe de la Misión se centró en la situación en las regiones mineras del sur de Venezuela, y en particular en el estado de Bolívar. En 2016, en respuesta a una crisis en la industria petrolera nacional, el gobierno venezolano anunció el establecimiento del Arco Minero del Orinoco, con el fin de formalizar y ampliar su control sobre la industria del oro. La región, denominada Zona de Desarrollo Estratégico Nacional, se extiende principalmente sobre el estado de Bolívar, pero también hacia estados vecinos.

Desde 2016, la región del Arco Minero se ha militarizado cada vez más, a medida que han crecido las denuncias de que militares y varios líderes gubernamentales civiles han pugnado por el control de las zonas donde se realiza minería ilegal y tienen intereses financieros, tanto a nivel institucional como personal. Al mismo tiempo, los grupos armados no estatales han ampliado su presencia en la región desde 2016. Los llamados sindicatos y otros grupos armados operan abiertamente, controlando zonas mineras e incluso poblaciones.

Los residentes de la región se han visto atrapados en el fuego cruzado de esta violenta lucha por el control del oro o las zonas mineras. Actores estatales y no estatales han cometido delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Las autoridades omitieron prevenir e investigar tales abusos.

El estado de Bolívar alberga poblaciones indígenas, incluso en el municipio sureño de Gran Sabana. La Misión ha documentado en profundidad varios casos en los que fuerzas del Estado han atacado a poblaciones indígenas, cometiendo una serie de violaciones. Estos incluyen enfrentamientos como, por ejemplo, el que se dio tras el intento de la oposición de llevar ayuda humanitaria a la Gran Sabana desde Brasil en 2019. Hemos documentado cómo agentes estatales cometieron privaciones arbitrarias del derecho a la vida y sometieron a miembros de las comunidades indígenas a torturas y a otros malos tratos.

De acuerdo con nuestra investigación, existen indicios de que la violencia sexual y de género en el estado de Bolívar, sobre todo con respecto a grupos marginalizados como personas indígenas y personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, están insuficientemente registradas. Esta conclusión se basa en factores como la falta de mecanismos de denuncia del Estado, el miedo a las represalias y el estigma social.

Esta parte del país está totalmente desatendida y merece una mayor investigación.

La Misión también está particularmente preocupada por la situación que enfrentan las poblaciones indígenas en el estado de Amazonas.

La Misión lamenta que, a pesar de los reiterados llamamientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las autoridades venezolanas continúan impidiendo que el personal de la Misión realice investigaciones en territorio venezolano, y no ha respondido a las- al menos- 23 cartas enviadas desde la Misión.

Señor presidente,

La Misión ha sido capaz de realizar investigaciones a fondo y presenta, hoy, ante sus Excelencias, sus conclusiones.

Esto ha sido posible por la dedicación y profesionalismo de su equipo y por la valentía de todas aquellas y todos aquellos que se dispusieron a proporcionar información, junto con el trabajo sumamente valioso que lleva adelante la sociedad civil venezolana.

La Misión recuerda que las autoridades venezolanas tienen el deber de garantizar la seguridad y protección de cualquier persona que haya colaborado con la Misión. Seguiremos monitoreando cualquier tipo de represalias en su contra.

La Misión sigue preocupada por las continuas denuncias de graves violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Es esencial que la comunidad internacional renueve sus esfuerzos por atender la situación extremadamente preocupante de los derechos humanos en Venezuela no solo para prevenir futuras violaciones, sino también para garantizar justicia y reparación para las víctimas.

Muchas gracias por su atención.